El juez Ruz avala las escuchas del caso Pretoria y rechaza inhibirse en favor de juzgados catalanes

Además, Ruz, que ocupa el Juzgado Central de Instrucción número 5 en sustitución de Baltasar Garzón, ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos que investigue la publicación de información reservada y confidencial del sumario en diversos medios de comunicación.

El juez desestima en uno de los autos dictados los 72 recursos planteados por el presunto cabecilla de la trama de corrupción urbanística investigada en el "caso Pretoria", Luis García "Luigi", entre ellos el que solicitó la nulidad de las actuaciones por considerar ilegales las escuchas telefónicas practicadas.

Su abogado alegó que la intervención de los teléfonos de su defendido y de los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra fue ilegal, ya que el juez disponía de métodos menos gravosos para investigar a los imputados.

Sin embargo, Ruz defiende la legalidad de las escuchas y de los registros en los domicilios de los imputados en el marco de la investigación policial, argumentando que fueron necesarias para averiguar los delitos presuntamente cometidos y las relaciones mantenidas entre los mismos.

Las escuchas permitieron así la "constatación de la existencia de una trama presuntamente delictiva que manejaba información privilegiada" en los procesos de adjudicación de obras en los municipios barceloneses investigados, "controlando los procesos para que éstos, finalmente, les fueran favorables a sus intereses económicos", indica.

Sobre los registros, Ruz explica que son el "corolario" de la instrucción y, recogiendo los argumentos del fiscal, defiende los realizados en el domicilio de García y la intervención de la "obra pictórica, gráfica y fotográfica", ya que podría haber sido adquirida "con el producto de sus actividades presuntamente ilícitas".

Por el contrario, en otro de los autos, el juez declara procedente la solicitud del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, que pidió que se investigará la publicación de datos reservados y confidenciales a partir del levantamiento del secreto de las actuaciones.

En este sentido, Ruz ha remitido los hechos a la Agencia de Protección de Datos para que investigue si, al publicarse íntegramente el contenido de la causa en los medios de comunicación, se ha vulnerado el derecho a la intimidad de imputados y no imputados en el proceso.

El juez ha tomado esta decisión tras recibir un informe de la Fiscalía que consideraba procedente la solicitud, ya que entiende que la publicación íntegra de unas actuaciones judiciales "supera con creces el principio de publicidad" y que determinadas informaciones aparecidas en prensa "afectarían al derecho de la intimidad" de los imputados.

Además, Ruz ha rechazado inhibirse en favor de los juzgados de Badalona y Mataró, como pedían Prenafeta y Alavedra, al considerar que el delito de blanqueo de capitales en paraísos fiscales que se imputa a algunos de los investigados es competencia de la Audiencia Nacional.

El magistrado desestima también anular las actuaciones y las medidas cautelares impuestas a Prenafeta y Alavedra.

Por último, rechaza el recurso de reforma presentado por el arquitecto municipal de Santa Coloma, Lluis Falcón, que había pedido el sobreseimiento de la causa contra él.

En opinión del juez, el recurso de Falcón no introduce "ningún elemento nuevo" que permita revisar la anterior resolución, al tiempo que se mantienen los indicios de que el arquitecto municipal participó en varias adjudicaciones irregulares ligadas a la trama de corrupción.