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Salud andaluza muestra su rechazo "más profundo" a la aprobación del decreto sanitario que da luz verde al asegurado

La Consejería andaluza de Salud y Bienestar Social ha mostrado su rechazo "más profundo" a la aprobación del Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, y a través del Sistema Nacional de Salud.
En una nota, Salud ha mostrado su rechazo "frontal" a esta norma y ha manifestado a la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España.
Esta normativa, entiende Salud, "supone un paso más en el cambio radical de modelo sanitario tras el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y un nuevo retroceso de los derechos sanitarios de la ciudadanía, que ahonda en el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), tal y como venía funcionando desde el año 1986".
Además, ha recordado que el Gobierno de la Junta ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto Ley.
Ha insistido, una vez más, en que este Real Decreto constata la supresión de una de sus características básicas: "el acceso universal de todos los ciudadanos a la atención sanitaria pública, ya que se ha pasado de un SNS público, universal y gratuito a un modelo de aseguramiento, en el que la financiación se realiza por parte de ciudadanos asegurados, a través de las cuotas de Seguridad Social".
"Dicho de otra manera, significa que se pasa de una sanidad pública que se financia vía impuestos según los ingresos de cada ciudadano y que garantiza la atención sanitaria a todos, independientemente de que paguen más o menos impuestos, a una sanidad de asegurados que puede dejar fuera y marginar a los que menos tienen".
Por ello, ha calificado de "falso" lo que manifiesta el Ministerio de Sanidad acerca de que el objetivo de la nueva normativa sea garantizar la universalidad del derecho a la atención sanitaria pública para todos los españoles, así como para los extranjeros con residencia legal en España.
Salud recuerda que esto ya se hacía gracias a la disposición adicional Sexta de la Ley 33/2011General de Salud Pública, que definitivamente cerró el Sistema Nacional de Salud extendiendo "el derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional".
Respecto a los ciudadanos extranjeros es precisamente el Real Decreto-ley 16/2012, el que en su Disposición final tercera modifica el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, limitando los derechos que éste le reconocía a los extranjeros.
Por contra, la publicación de este Real Decreto "no garantiza la universalidad al dejar fuera del sistema de aseguramiento a determinados sectores poblaciones que la anterior norma sí incluía (población con ingresos superiores a 100.000 euros) y supone la burocratización y la necesidad del reconocimiento del derecho por parte de la administración".
Sanidad también expresa que con esta norma quedan definitivamente incluidos algunos colectivos --arquitectos y abogados--, lo cual ya estaba expresamente recogido en la Disposición Adicional sexta punto tercero de la Ley de Salud Pública.
"Insistimos en que el modelo de aseguramiento que distingue entre asegurados y beneficiarios propina un embate a la justicia social y al Estado del Bienestar, supone un retroceso a conceptos de hace 30 años, y castiga a los colectivos más desprotegidos y vulnerables en las duras circunstancias económicas que sufre el país", han declarado en una nota.
Precisamente, ha señaldo que "con la excusa de la situación económica como telón de fondo", el Gobierno de Rajoy está aprovechando la coyuntura para introducir sus reformas que son de carácter ideológico y no económico, ya que está sobradamente documentado que los modelos de aseguramiento son más costosos, menos equitativos y tienen peores resultados en salud. Podemos afirmar que los cambios que se introducen no sólo no generarán ningún ahorro sino que pueden producir un incremento del gasto sanitario público.
En relación al turismo sanitario, ha señalado que "tampoco es cierto que este Real Decreto establezca por vez primera mecanismos para evitar este fenómeno, puesto que ya existían medidas para este fin".
Por tanto, entiende que este RD no garantiza ni aporta ningún derecho nuevo a la ciudadanía sino que más bien despoja a algunos sectores de la sociedad del derecho básico a recibir asistencia sanitaria, como es el caso de los extranjeros sin residencia legal en nuestro país.
"Más allá de consideraciones éticas y humanas, dejar sin atención sanitaria a este colectivo supone poner en serio peligro la salud pública del país al dejar sin tratamiento procesos crónicos e infecciosos, al tiempo que ocasiona un mayor gasto sanitario al desviar a estos pacientes a la vía de la atención urgente, que es más costosa", agrega la nota.
Todo ello, concluye Salud, "demuestra que el Gobierno del Partido Popular persiste en su intención de aprovechar la crisis económica para introducir sus reformas ideológicas, que como se está viendo en diferentes ámbitos de la sociedad, consiste en dar un salto de 30 años al pasado, así como reforzar la idea de centralismo con un claro desprecio al Estado de las Autonomías, dejando en manos del Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento de la condición de asegurado".