Save the Children alerta de las "graves deficiencias" del sistema judicial español ante casos de abuso sexual infantil

Save The Children alerta de las "graves deficiencias" del sistema judicial español ante casos de abuso sexual infantil y en dar respuesta a las víctimas, especialmente cuando se trata de niños muy pequeños y cuando el denunciado es el propio padre. En 2011, en España se abrieron 471 causas por abuso a menores, 144 de ellas por agresión sexual, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado.

Así lo revela esta ONG en su informe 'La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar', presentado este jueves en el seminario 'Infancia sin violencia', y en el que se pone de manifiesto que "ante la dificultad de acreditar los hechos, la Administración de Justicia tiende a archivar las causas sin investigar suficiente y diligentemente los casos, dejándolas en graves situaciones de desprotección y riesgo".

El documento, que parte del análisis de casos concretos y de autos de audiencias provinciales, ha reconstruido el camino judicial que un menor y su representante legal tienen que seguir en España para lograr protección y justicia en casos de abuso sexual infantil.

"Los casos y los autos analizados confirman que en España no se están aplicando estándares internacionales para la protección de los niños y niñas en el ámbito de la Administración de Justicia y que resulta urgente revisar la normativa y la práctica judicial", ha explicado Yolanda Román, Responsable de Incidencia Política de Save the Children.

Según la ONG, "muchas veces" se pone en duda la credibilidad de la víctima por su corta edad, o incluso, tras una prueba pericial, se archiva la causa por no poder obtener la información suficiente del niño o niña.

Como ejemplo, el de Almudena, de 5 años, que ante la petición de que represente lo vivido frente a cuatro adultos desconocidos, se paraliza y renuncia a continuar el relato, tapándose el rostro con un abrigo. Este gesto, según informa Save The Children, y una forma muy madura de expresarse para su edad, son interpretados por el juez y la fiscal, que acuerdan el sobreseimiento de la causa porque la niña "no es nada creíble" y los indicios no son suficientes para probar el abuso sexual.

En el mismo auto, el juez deniega la práctica de pruebas por considerarlas innecesarias y la madre interpone un recurso de apelación que actualmente está pendiente de resolución. "La temprana edad debería ser un incentivo para esclarecer los hechos, no un impedimento añadido", asegura Román, que añade que no se puede exigir a un niño que se exprese como un adulto para poder probar los hechos que relata.

Así, señala que "lo que es exigible" es que el Estado ponga en marcha todos los medios y las máximas cautelas para esclarecer los hechos y proteger al niño. Sin embargo, lamenta que lo que se aprecia es que "ante la dificultad de probar hechos tan graves, los jueces prefieren archivar las causas".

El informe detecta una "barrera de partida", y es que, "ni el niño ni el progenitor que denuncia resultan creíbles" para los jueces, fiscales y abogados, que "suelen alegar falta de credibilidad de las víctimas o que éstas están manipuladas".

JUECES, FISCALES Y FORENSES NO ESTÁN OBLIGADOS A ESPECIALIZARSE

"Es llamativa además la falta de especialización de los profesionales que intervienen en los procesos judiciales de casos de abuso sexual infantil", denuncia Save The Children, que apunta, además, que ni los jueces de instrucción, ni los fiscales, ni los abogados de oficio ni los equipos psicosociales o forenses de los juzgados que intervienen en el proceso tienen la obligación de especializarse.

También resultan preocupante para esta ONG las deficiencias detectadas en todos los casos analizados a la hora de determinar el interés superior del niño o niña y la falta de rapidez en los procesos. Además, indica que en el ámbito civil se toman medidas sobre guarda y custodia y régimen de visitas, a veces "cuando está abierto el proceso penal por los presuntos abusos sexuales, sin tener en cuenta los posibles abusos o riesgos para los niños".

El trabajo pone de manifiesto otro caso en el que hospital que atiende a una niña de 3 años, víctima de una agresión sexual por su propio padre, denuncia los hechos, pero el juzgado de instrucción tarda seis meses para iniciar una investigación, sin dictar medidas cautelares de protección, y el examen forense se produce un año después de la denuncia. Durante ese año la madre tiene que cumplir con el régimen de visitas y finalmente el forense aprecia conductas del padre que suponen riesgo para la menor.

"En ocasiones vemos que existe un régimen de visitas sin vigilancia, cuando todavía están investigando los abusos sexuales o no se han descartado vía penal, que pueden significar un peligro para el niño, ya que se les está obligando a vivir con su agresor", añade Román.

PIDE UNA NORMATIVA QUE RECONOZCA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

En la última parte del informe, se incluyen una serie de reclamaciones, entre las que destaca la aprobación de una normativa que reconozca y promueva "de manera expresa" los derechos de los niños en los procesos judiciales; y se asegure la preparación y especialización de profesionales y metodologías adecuados.

También solicita que se garantice el asesoramiento e información especializada a los representantes legales de los niños y niñas que denuncien un caso de abuso infantil; que no se repitan las agresiones a través de medidas de protección judicial; y se dé la máxima prioridad en la investigación judicial de estos delitos.

Por último recuerda que muchas de estas recomendaciones están incluidas en la 'Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil', que la Unión Europea aprobó a finales de 2011 y que todos los Estados miembros deben poner en marcha antes de finales de 2013.