El Senado aprueba hoy la Ley del Tercer Sector con la propuesta del PP de subvencionar a víctimas del terrorismo

Se trata de la única enmienda que el Grupo Popular ha presentado a esta normativa en la Cámara Alta, que ha sido recogida por Europa Press, y que previsiblemente saldrá adelante al contar los 'populares' con mayoría en el arco parlamentario. La norma será aprobada definitivamente porque en este caso la comisión cuenta con competencia legislativa delegada. Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el BOE.

Así, la propuesta del PP plantea la adición al proyecto de ley de una disposición transitoria, a la que llama 'Subvenciones de concesión directa a entidades del tercer sector de acción social', y que contempla entre otras la partida antes mencionada. Su abono dice que se efectuará a las entidades por los importes y con cargo las aplicaciones del presupuesto de 2015.

AYUDAS A LA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIAS

En ella, propone también destinar varias partidas "para actuaciones de acción social", donde fija 1,45 millones de euros a Cruz Roja Española, otros 850.272 a Cáritas Española, a la Fundación Acción Contra el Hambre con otros 70.000 euros, o a la Plataforma de ONG acción social con 652.858, entre otras.

'Para programas de infancia y familias' quiere que se dediquen 85.000 euros a la Federación Española de Bancos de Alimentos, 1,1 millones de euros a la Plataforma de Organizaciones de Infancia, 80.185 euros a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, otros 54.000 a la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, 55.000 euros al Foro de la Familia, y 228.000 a la Federación Española de familias numerosas, entre otras.

'Para programas de personas con discapacidad' plantea una subvención de 240.000 euros a la Confederación Estatal de Personas Sordas, 430.000 euros a FEAPS, 1,1 millones a la Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica o 129.000 euros a Down España, entre otras.

"El objeto de estas subvenciones será el sostenimiento económico-financiero de las estructuras centrales de las entidades", señala el PP en su enmienda.

PROPUESTAS DE VETO Y ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN

Además, también se debatirán las 60 enmiendas que han planteado los grupos de la oposición al texto procedente del Congreso, así como cinco propuestas de veto al mismo.

El senador de IU Jesús Enrique Iglesias ha solicitado la devolución de esta normativa porque, entre otros puntos, considera que esta ley "olvida demandas y necesidades fundamentales para las entidades del Tercer Sector de Acción Social".

Desde la Entesa Catalana coinciden en que esta ley "olvida demandas del sector" y por ejemplo avisan de que "deja fuera" a algunas entidades que bien podrían formar parte, como las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de inserción.

Mientras, la senadora de ERC Ester Capella critica que esta ley no contemple ningún incremento del gasto público, al mismo tiempo que considera que "no aporta absolutamente nada nuevo a un ámbito ya regulado por las comunidades autónomas en base a sus competencias, más que la pretensión de recentralizar estas competencias".

El PNV comparte en la argumentación de su propuesta de veto que esta ley "excede de sus competencias e interfiere, de

forma inconstitucional, en el ámbito competencial que en materia de asistencia social tienen las comunidades autónomas".

Por su parte, CiU dice que este proyecto de ley "genera confusión en materia competencial", inseguridad jurídica, regula cuestiones que ya "están suficientemente reguladas o que son superfluas", "no tiene en cuenta la realidad territorial", ni las regulaciones autonómicas sobre la materia, o falta la regulación sobre asuntos como el IVA en la contratación pública, la adaptación de la Ley de Subvenciones, el traspaso efectivo a las comunidades autónomas del 0,7 % del IRPF destinado a finalidades sociales, o el impulso del mecenazgo, por ejemplo.

OBJETIVOS DE LA LEY

La Ley fue aprobada en junio en el Congreso con el apoyo del PP y UPyD, la abstención del PSOE, y el voto en contra de CiU, PNV, Izquierda Plural y ERC, al considerar fundamentalmente que no respondía a las necesidades del sector, aparte de invadir competencias autonómicas.

La principal queja de los grupos de la oposición durante el debate ha sido que finalmente no se vaya a crear en esta ley un observatorio estatal del tercer sector, demandado por las entidades, y que éstas se vieran beneficiadas por el máximo beneficio fiscal.

Desde el inicio del trámite, CiU, Izquierda Plural, PNV y ERC han pedido la retirada y devolución al Gobierno del texto legal al considerar su invasión competencial.

Esta norma define el Tercer Sector de Acción Social como el "conjunto de organizaciones de carácter privado, y sin ánimo de lucro, que surgen de la iniciativa ciudadana o social para buscar objetivos de interés general a través de la solidaridad y la participación".

Para reforzar el concepto se enumeran los principios que deben guiar su trabajo, basados en la "democracia interna, el carácter altruista, la transparencia, la autonomía, la cohesión social, la promoción de la igualdad, de la no discriminación y la consecución de fines socialmente relevantes".

Desde el PP se ha defendido que una de las mejoras de la norma consiste en la clarificación del ratio competencial de la Ley, por lo que se distribuyen con nitidez las competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, frente a las quejas de los nacionalistas de invasión competencial.

Asimismo, se refuerza la consideración de que el papel de las entidades que integran el Tercer Sector de Acción Social no puede, en ningún caso, diluir la responsabilidad de la Administración General del Estado.

Por otra parte, en las medidas de fomento de las entidades del Tercer Sector se incluirán iniciativas relativas a la dinamización de la participación de las mujeres.

Según han destacado los 'populares' este texto legal se adapta a la realidad del sector y a las necesidades de las 30.000 organizaciones sociales que desempeñan su trabajo en España, y "siempre sobre la base de su seguridad jurídica". A su juicio, se traducirá en un fortalecimiento de su capacidad de interlocución con las Administraciones para el diseño de las políticas sociales".