Sindicatos, agentes y fiscales y jueces progresistas se unen en contra de la modificación de la Ley de montes

CC.OO, UGT, Unión de Fiscales Progresistas y la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), junto con el apoyo de Jueces para la Democracia, se han unido en contra de la modificación de la ley de montes que impulsa el Gobierno español.

Durante la rueda de prensa conjunta para presentar la postura de rechazo, el coordinador federal de Agentes Forestales y Medioambientales de CC OO, Alejandro Rodríguez, ha denunciado que los agentes forestales "no podrán realizar su trabajo" de aprobarse la modificación de la normativa como se ha planteado.

Además de este sindicalista, han participado en este acto la coordinadora ejecutiva del Sindicato Profesional de Agentes Forestales de UGT, Mónica Ramos, el presidente de Unión de Fiscales Progresistas, Álvaro García y el miembro de la ejecutiva de Aeafma, Rafael Cudeiro. Asimismo, Jueces para la Democracia presta su apoyo al colectivo, pese a no haber contado con representación en el acto.

Hasta ahora, los agentes forestales tenían la competencia de Policía judicial dentro de su ámbito de actuación. No obstante, con la modificación, esta facultad se eliminaría de "un plumazo", según ha señalado Álvaro García Ortiz.

"Lo que se debe promulgar es el ejercicio coordinado", ha remarcado el fiscal, ya que los agentes forestales llevan realizando su trabajo "sin ningún problema" desde que se regularon sus labores hace 133 años.

"INTERESES"

El principal cambio que se producirá, según Alejandro Rodríguez, es que el colectivo de agentes forestales, constituido por unos 6.400 en toda España --550 son gallegos--, "no podrá hacer la investigación" policial.

En su lugar, "solo" podrá realizar "los primeros pasos" y "tendrá que esperar" a que venga un cuerpo de seguridad. "Se nos convierte en auxiliares de la Policía y sin potestad para luchar contra los delincuentes", ha lamentado.

Con respecto al motivo de la modificación de la ley de montes, Rafael Cudeiro ha subrayado que hay "intereses" detrás. De hecho, ha dicho que la "desaparición" de la palabra "funcionario" de la definición de agente forestal "deja una puerta abierta a una posible privatización" de las competencias del colectivo.

"POTENCIAR LA COORDINACIÓN"

Para García Ortiz, se producirá una "dispersión legislativa" entre las comunidades autónomas, puesto que cada una tendrá su propia legislación que regule las actividades de los agentes forestales.

Por su parte, la sindicalista de UGT, Mónica Ramos, ha dicho que la reforma "no era lo que esperaban", por lo que ha pedido al Gobierno que "no siga adelante" con ella.

UGT aboga por la "coordinación con la Policía", según Ramos, pero no quieren que el colectivo "se convierta en auxiliar". En concreto, quiere que se "potencie" la coordinación y, en línea con lo que ha dicho el fiscal de Medio Ambiente, ha pedido "un marco legislativo común" en toda España.

Para Rafael Cudeiro, el cambio en la normativa conllevará "mayor gasto" y una "pérdida de eficacia", y ha advertido que, si los agentes forestales "tienen que esperar a que venga la Guardia Civil", muchos delitos "quedarían desatendidos", incluso aquellos que "provocasen daños irreparables".