El Tribunal Supremo prevé pronunciarse en el primer trimestre de 2015 sobre el recurso contra la sentencia del Prestige

El Tribunal Supremo (TS) prevé pronunciarse en el primer trimestre de 2015 sobre el recurso de casación que tanto la Xunta como la Fiscalía presentaron contra la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de A Coruña tras el juicio por la catástrofe medioambiental del 'Prestige'.

Así lo ha indicado este viernes el magistrado del TS y exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha evitado "anticipar ningún criterio" al respecto dado que el asunto está "en este momento" sometido a la sala de la que él forma parte.

Sin embargo, sobre los plazos que maneja el TS, ha apuntado que "en este momento" cree que el tema "está pendiente de algún trámite con una comisión rogatoria", por lo que calcula que "posiblemente en el primer trimestre del año próximo se podrá resolver".

Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante la mayor parte del procedimiento, ha defendido este viernes ante los medios haber procurado dejar "siempre a los profesionales que trabajasen con total libertad desde el punto de vista técnico".

Además, en declaraciones a los periodistas antes de impartir la conferencia 'Responsabilidad penal y civil subsidiaria por delito contra el medio ambiente. Perspectiva jurisprudencial', ha explicado que el "problema" que tiene el Estado español a su juicio es que cuenta con una legislación procesal decimonónica.

"Nos tenemos que enfrentar a hechos del siglo XXI con una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX. Es como si hiciéramos circular al AVE por unas vías de hace dos siglos", ha ilustrado el magistrado.

De ahí que haya opinado que existe a día de hoy "un modelo que debe llevar a los responsables políticos a ser conscientes de la necesidad de cambiarlo".

Asimismo, personalmente ha abogado por que en cada comunidad autónoma exista un juzgado especial de grandes procedimientos, de carácter complejo. Porque cuestiones de tal magnitud como fue en su día la del 'Prestige' "no pueden recaer sobre un juzgado como el de Corcubión", con titulares que van cambiando y sin la experiencia y el conocimiento requeridos.

FISCAL DE MEDIO AMBIENTE

Previamente, en la jornada 'La experiencia del 'Prestige', dirigida por María Loureiro y Belén Trigo, el fiscal de Medio Ambiente, Patrimonio y Urbanismo de Galicia, Álvaro García-Ortiz, ha repasado ante el auditorio las principales dificultades que se presentaron durante el juicio.

Bajo el nombre 'El Prestige, gestión de catástrofes y macrojuicios', García-Ortiz también ha aludido al hecho de que un caso de este tamaño recaiga sobre un juzgado como el de Corcubión, y ha expuesto su visión de un procedimiento en el que, desde su perspectiva, no se dio el enfrentamiento de un Estado "contra un pobre capitán", por Apostolos Mangouras, el capitán del petrolero. Al contrario, en su opinión, fue "un pobre Estado ribereño" el que se enfrentó "al mundo del mar y del comercio marítimo con falta de garantías".

Tras una causa con unos 300.000 perjudicados nominales, y unos daños "difusos" estimados por la propia Loureiro --con un estudio "vanguardista" en este ámbito-- en más de 4.000 millones de euros, su impresión es que existe "todo un entramado montado para que esas empresas no sean solventes", lo que "dificultó mucho" el trabajo.

A ello se sumaron impedimentos por las implicaciones internacionales del accidente y la presión social y mediática, aunque otros elementos como el desarrollo de las nuevas tecnologías permitieron que al final se pudiese desarrollar lo que según su valoración fue "un buen juicio".

Con todo, el fiscal de Medio Ambiente ha reconocido que "evidentemente" está "insatisfecho" con la sentencia, de ahí que se recurriese, en base a tres líneas argumentales que ha resumido.

En primer lugar, su tesis se basa en que de la desobediencia "puede nacer una responsabilidad civil"; en segundo término, en que ve "imposible" desligar dicha desobediencia de un delito medioambiental, al generar un riesgo; y como tercero entiende que la sentencia recoge elementos suficientes como para que el hecho de que el buque partiese fuese "al menos una imprudencia".

Por último, Álvaro García-Ortiz ha resaltado que, por su parte, él no recibió "ninguna presión" política durante el proceso, aunque sí ha apuntado al "secretismo" que lo "condicionó", puesto que "a la administración le costó bastante mostrar todo" sobre el accidente. "El fantasma del 'Prestige' es un fantasma que da mucho miedo", ha llamado la atención.

CARLOS VARELA

Anteriormente, durante la inauguración, que ha presidido el rector de la USC, Juan Viaño, y en la que también ha participado el director del Idega Xoaquín Fernández Leiceaga, ha intervenido el fiscal general de Galicia, Carlos Varela, quien ha centrado su discurso en dos reclamaciones, la primera, la necesidad de dotarse de instrumentos para procedimientos de repercusión masiva, que permitan a España colocarse "en el siglo XXI".

La segunda demanda de Varela es la relativa a configurar un "arsenal de medidas jurídicas" para lograr la "tutela integral" en materia de medio ambiente, yendo más allá de la responsabilidad penal, hasta la civil.

JUAN JOSÉ MARTÍN ÁLVAREZ

El director xeral de Xutiza de la Xunta, Juan José Martín Álvarez, ha recordado las labores del Gobierno "para hacer posible" un juicio con unos 230.000 folios, 350 tomos y 25 cajas de documentación.

Por último, también este alto cargo se ha referido al recurso de casación interpuesto, así como al coste "añadido" que supusieron las periciales, de las que en principio hace cargo la Administración. Cuando el TS dicte sentencia, la catástrofe del 'Prestige' "volverá a estar de actualidad", ha augurado.