VENEZUELA-GLOBOVISIÓN

La acusación penal contra Globovisión remata una jornada iniciada con multas y allanamiento

La petición del Gobierno de Venezuela a la Fiscalía para que acuse a la emisora Globovisión de delitos penales cerró una jornada que se abrió hoy con el allanamiento de la casa de su presidente y siguió con la imposición de multas millonarias.
El "terrorismo judicial, fiscal y gubernamental" del que es víctima Globovisión busca su colapso operativo, afirmó su director, Alberto Federico Ravell. EFE/Archivo

Sin precisar los delitos penales en los que habría incurrido, la emisora de línea editorial abiertamente opositora a la gestión del presidente Hugo Chávez, el ministro titular del organismo rector de las telecomunicaciones, Diosdado Cabello, dijo en una rueda de prensa que las sanciones administrativas "no han sido suficientes".

Ahora debe ser investigada "por la vía de la ley orgánica de telecomunicaciones" que prevé castigos penales, dijo y admitió que la ofensiva de las instituciones del Estado contra la emisora se debe a un "tema de salud mental".

Los directivos de Globovisión "se toman un frasco de veneno en la mañana, se lo dan a sus periodistas y esperan que el que se muera sea el pueblo, que se muera Chávez", y ante ello, remarcó Cabello, se pidió "que sean las autoridades judiciales quienes determinen si hay la comisión de delitos" penales para aplicar el castigo respectivo.

"Hay quienes creen que el mejor salvoconducto que puede tener un delincuente es poner manos en un medio" para cometer hasta "delitos ambientales" y acaparan vehículos "en sus casas", añadió Cabello en clara alusión al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga.

En su condición de socio de concesionarias de vehículos, Zuloaga fue acusado ayer por la Fiscalía de "usura genérica" por el supuesto acaparamiento de 24 automotores descubiertos el mes pasado en una de sus viviendas, la que hoy volvió a ser allanada para retirar piezas de animales disecados que el empresario tiene como trofeos de caza.

La Fiscalía dijo en un comunicado que determinará "si existe o no algún hecho delictivo" en la tenencia de más de 200 piezas de animales disecados" incautadas.

Asimismo, para determinar "si se cumplieron con todos los trámites" pertinentes, "como pagos de aranceles y permisos sanitarios", y si se violaron las leyes de Protección de la Fauna Silvestre, la de Gestión de Diversidad Biológica y Ley Penal del Ambiente.

El "terrorismo judicial, fiscal y gubernamental" del que es víctima Globovisión busca su colapso operativo, especialmente a través de la imposición de multas, afirmó su director, Alberto Federico Ravell.

Ravell, que dijo tener información de que la Fiscalía lo acusará próximamente de ser el supuesto "director de orquesta de los medios" opositores que "quieren desestabilizar y volver loco a los venezolanos".

El director de Globovisión reaccionó así, después de que la emisora recibió una notificación de las multas impuestas por la oficina tributaria.

Una obliga al canal a pagar el equivalente a 2,35 millones de dólares "por concepto de impuestos no pagados" correspondientes a 2002-2003 y otra por 270.697 dólares por operar frecuencias no autorizadas, como lo determinó esta semana el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Un canal de televisión se puede cerrar por vía administrativa durante 72 horas, o ahorcándolo (económicamente) para que no pueda funcionar", agregó Ravell, luego de la visita de los funcionarios del Sistema Nacional de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat).

Todas estas actuaciones ocurren después de que Chávez "ha dado instrucciones" al Supremo y a la Fiscalía para actuar contra medios opositores, "porque si no, los van a botar", añadió Ravell.

"Me alegro que funcionen las instituciones (...); invito a que cada quien cumpla con sus obligaciones. Sencillamente tienen que cumplirse las leyes en un Estado democrático", dijo Chávez esta noche a la emisora VTV de la red estatal de televisión.

El gobernante venezolano felicitó a las instituciones que han actuado y las exhortó a "seguir marchando en la batalla contra la impunidad y que digan lo que digan los afectados".

Chávez exigió el 28 de mayo a Cabello y a los titulares del Supremo y la Fiscalía actuar contra los medios que a su juicio, "envenenan" al país o de lo contrario que renuncien a sus cargos, para que sean ocupados por "gente con coraje".

Tras insistir en que el objetivo último es "incitar" a su asesinato, Chávez remarcó ese día: "No me lo pueden dejar a mí nada más, es problema de todos, de toda la sociedad. Voy a esperar a que se cumpla lo que tiene que cumplirse", pero "si no ocurriera lo que tiene que ocurrir, yo voy a tener que actuar; yo mismo, valga la redundancia".

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