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La alimentación en las escuelas, una herramienta clave para cambiar el futuro de los países pobres, según un estudio

La Alianza para el Desarrollo Infantil del Imperial College de Londres (PCD por sus siglas en inglés), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Banco Mundial han publicado un estudio que han llevado a cabo conjuntamente con los gobiernos de 14 países para investigar el papel y las posibilidades de los programas de alimentación en las escuelas de cara a la lucha contra la pobreza.
En el documento, el presidente del Programa Mundial de Alimentos, Ertharin Cousin, y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong-Kim, recuerdan que, según los datos de la ONU, tras la crisis financiera, alimentaria y de combustible, en torno a 842 millones de personas "siguen sufriendo hambre crónica y no disponen de comida suficiente para llevar una vida activa y productiva", para lo cual estiman "clave" reducir la vulnerabilidad de la infancia más pobre de forma que tengan mejores oportunidades de cara al futuro.
En este punto, subraya que al menos 66 millones de niños "van a la escuela hambrientos y son incapaces de aprender" según las estimaciones del World Food Programme. Por eso, señala que los programas de alimentación en los centros escolares pueden ser una importante herramienta para "hacer que los niños vayan a la escuela, combatir el absentismo escolar y contribuir a su aprendizaje y rendimiento" además de estimular sus habilidades cognitivas, pese a lo cual alerta de las "debilidades" de los programas de alimentación escolar en las regiones más pobres en comparación con el "modelo exitoso" que se ha desarrollado en países con rentas más altas.
De hecho, el estudio viene a tratar de responder la "demanda de guía" que, según explican los responsables del documento, venían expresando los países de rentas medias y bajas para implementar este tipo de programas con éxito.
En el informe han participado equipos de gobierno de Botsuana, Brasil, Cabo Verde, Chile, Costa de Marfil, Ecuador, Ghana, India, Kenia, Mali, México, Namibia, Nigeria y Sudáfrica, de cada uno de los cuales extrae conclusiones acerca de los programas de alimentación escolar que llevan a cabo y que han sido recogidas en el 'Libro de consulta de la alimentación escolar mundial: lecciones de 14 países'.
La iniciativa de llevar a cabo esta investigación parte, según los responsables de la misma, de un informe de la ONU publicado en 2008 y titulado 'Repensando la alimentación escolar' en el que identificaba los beneficios de los programas de alimentación escolar como "red de seguridad" para las familias más vulnerables y para estimular el rendimiento escolar, además de señalar las posibilidades de "potenciar sus efectos" con acciones complementarias como la aportación de micronutrientes.
Aún así, el documento pone de relieve como el nivel de cobertura de estos programas solamente es alto en los países de renta media o alta, mientras que en los países más pobres y con más necesidad tienen un alcance menor, pese a que sus gobiernos "están incrementando la inversión en ellos".
"Esto supone que el coste de la alimentación escolar se está volviendo cada vez más asumible y supone alrededor del 68% del coste de los estudios en los países de renta baja, el 24% de dicho coste en los países de renta media-baja y el 11% en los países con rentas superiores", aseguran.
De hecho, una de las cuestiones que se investiga en el estudio es el coste de estos programas para los países, los objetivos que persiguen y mecanismos que utilizan para garantizar su cumplimiento y las herramientas de que se dispone para tratar de recuperar parte de la inversión.
IMPLICAR A LAS COMUNIDADES LOCALES
Por ejemplo, desde el punto de vista de la obtención de alimentos para dichos programas, pone de relieve la colaboración con los productores locales y propone un modelo mixto centralizado-descentralizado de suministro de alimentos para garantizar la estabilidad y calidad nutritiva de las comida que se da a los niños, aún cuando reconoce que "hace falta más investigación" para aportar conclusiones acerca de los modelos más idóneos para los países en vías de desarrollo.
En este sentido, señala la posibilidad de fortalecer el tejido económico de las comunidades locales para que tengan la oportunidad de participar en los programas a través del suministro de bienes o servicios necesarios para llevarlos a cabo y, así, contribuir a la creación de empleo y fortalecer el crecimiento económico.
MECANISMOS LEGALES PARA GARANTIZAR QUE FUNCIONA
También pone de relieve la necesidad de un marco normativo para la implementación de estos programas que, "aunque no garantiza que se implementen", en cambio sí aporta el mandato de hacerlo y establece los estándares que ha de alcanzar el programa para garantizar su efectividad.
"Un instrumento regulatorio adecuado debería estar bien construido y tener una base creíble y herramientas para implementarlo. El reconocimiento de un derecho es necesario, pero no suficiente", incide el estudio.
Además, de cara a la financiación de estos programas, asegura que el coste de llevarlos a cabo "no se ha incrementado tanto como se esperaba" tras el comienzo de la crisis económica mundial y que "se espera que se reduca a medida que el PIB aumente".
"La mayor parte de los países tiene una partida presupuestaria para la alimentación escolar e, incluso cuando no la tienen, proporcionan financiación alternativa para el programa cada año. Aún así, la sostenibilidad financiera sigue siendo uno de los retos pendientes para algunos de los países", señala.