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Las autonomías tendrán hasta seis meses para decidir sobre las ayudas a dependientes

Las comunidades autónomas tendrán que dictaminar las ayudas que correspondan a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses, con lo que se reducirá a la mitad el periodo que suele conllevar este trámite administrativo. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia, aunque los representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los diferentes gobiernos autonómicos no han fijado el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas.
Lo ha anunciado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien ha destacado el "gran valor político" de este acuerdo, que tendrán que incorporar las CCAA en su normativa, y que permitirá reducir los tiempos de espera para que las personas dependientes puedan percibir estas prestaciones. Jiménez ha informado de que a 1 de enero de 2010, 743.596 personas tienen derecho a percibir las ayudas por dependencia, de las que 485.526 ya las están recibiendo y 258.070 continúan en espera.
Sobre este último colectivo, según la ministra, existe un "firme compromiso político" para que los afectados sean incorporados al sistema cuanto antes. Jiménez ha comentado que actualmente algunas comunidades autónomas cumplen los plazos previstos, pero otras tardan entre 10 y 12 meses sólo en valorar los expedientes.
Ha precisado que en los casos en que las CCAA tengan establecido un proceso "en dos pasos", para reconocer el grado de dependencia y después el derecho a la prestación, el primero tendrá que consolidarse en un plazo máximo de tres meses. En cuanto a los menores de tres años, ha proseguido, el periodo será de 30 días a efectos de ampliación del permiso de maternidad o paternidad o de los correspondientes subsidios.
El Consejo ha adoptado también un acuerdo para mejorar la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que incluye un seguimiento de las condiciones en las que vive el beneficiario y establece garantías para la salud de la persona cuidadora que recibe la aportación económica. La titular de Sanidad ha informado de que en la actualidad hay unas 280.000 personas que reciben una prestación económica para el cuidado familiar, lo que supone casi el 50% de las prestaciones del sistema.
Tras señalar que los acuerdos adoptados permitirán mejorar la calidad de vida de estas personas, ha recordado que la aplicación completa de esta Ley estaba prevista para 2015. "Estamos haciendo un enorme esfuerzo para que las expectativas de los ciudadanos puedan verse cumplidas", ha subrayado. Ha recalcado que, a pesar de esta "época de dificultad económica", existe un "firme compromiso" de conseguir el objetivo de incorporar al 100% a las personas en situación de dependencia.
"Sistema colapsado"
El portavoz de Dependencia del PP en el Congreso de los Diputados, Miquel Barrachina, acusó hoy al Gobierno de forjar unas "expectativas astronómicas" sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que, según advirtió, se encuentra "absolutamente colapsado" con cerca de medio millón de personas en espera de un dictamen favorable o de percibir la prestación correspondiente. 
Así se expresó Barrachina, respecto al Consejo Territorial de Dependencia celebrado esta mañana en la sede del Departamento de Sanidad y Política Social en el que se acordó un plazo máximo de seis meses --que será de treinta días en el caso de niños menores de 3 años-- entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento de este derecho.
"Este es un sistema viciado desde su origen que seguirá generando frustración entre las personas dependientes y sus familias", criticó el portavoz popular. En su opinión, la reducción del 20 por ciento en los presupuestos destinados a la dependencia junto con encarecimiento que experimentarán los servicios en junio con la subida del IVA "hará que la situación empeore en 2010".
En cuanto al compromiso entre Gobierno y comunidades autónomas para la realización de un seguimiento anual de las condiciones en las que vive en beneficiario y de la capacitación de sus cuidadores, Barrachina aseguró que "la medida es un parche que trata de paliar un error que arrastra el sistema desde su entrada en vigor". "Estos cuidados informales en el domicilio se contemplaban como algo excepcional, mientras que hoy a casi la mitad de los dependientes no les queda otra opción", denunció.
"Todos los informes de sindicatos, empresas y usuarios coinciden en la insatisfacción general y en el fracaso del sistema y sus expectativas, aunque intente aparentar que atiende a mucha gente", señaló.