Los convenios sanitarios para inmigrantes irregulares no cubrirán los medicamentos

Así lo han acordado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado en la sede del Ministerio, en el que han fijado que la cuantía de dicho convenio será de 710,4 euros anuales para los menores de 65 años y de 1.864,8 euros para los mayores de 65 años.

"Es una cifra razonable y equitativa", ha reconocido el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, en una rueda de prensa posterior a la reunión, que ha estado presidida por la ministra del ramo Ana Mato, aunque, a diferencia de otras ocasiones, no ha hecho declaraciones a su finalización.

No obstante, el consejero y responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP también ha recordado que lo acordado en el Consejo es una cuantía mínima que las comunidades podrán aumentar si así lo deciden.

Igualmente, Echániz ha querido dejar claro que el convenio les da derecho a acceder a todas las prestaciones de la cartera básica de servicios pero no a los medicamentos. Por tanto, en caso de necesitarlos, deberán abonar la totalidad del importe y ni siquiera tendrán derecho a un sistema de copago como los titulares de una tarjeta sanitaria.

Además de a los inmigrantes irregulares, los convenios están dirigidos a españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos superiores a los 100.000 euros anuales y a los europeos y ciudadanos de terceros países que quieran suscribirlos durante su estancia en España para ser atendidos.

No obstante, Echániz también ha explicado que se han establecido los mecanismos para evitar que dicho convenio pueda suponer "un efecto llamada".

Para ello, establece un sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el SNS, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.

EL COPAGO HA SIDO UN "ALIVIO"

Por otro lado, en el Consejo Interterritorial también se han evaluado los efectos de las medidas de la reforma sanitaria aprobada antes del verano, como el cambio en el copago farmacéutico, que ha supuesto "un alivio" de 400 millones de euros para la factura sanitaria de las comunidades en sólo dos meses de funcionamiento. "Casi un millón de euros diarios", ha aseverado.

Además, con la entrada en vigor de este nuevo sistema los pensionistas han abonado de media cuatro euros al mes en las oficinas de farmacia, y ha agradecido a los farmacéuticos su colaboración para que la medida se haya puesto en marcha "sin problemas".

Por otro lado, también se ha dado luz verde al proyecto de orden por la que se crea y se regula el funcionamiento de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS y sus normas de funcionamiento.

También se ha informado de la creación una comisión y dos grupos de trabajo (uno para medicamentos y otro para productos sanitarios) para trabajar en la plataforma de compras centralizadas. Los grupos, en los que están representadas todas las comunidades, ya han comenzado a trabajar y están finalizando los pliegos técnicos y administrativos del primer paquete de medicamentos y productos sanitarios que se adquirirán de forma centralizada.

RECURSOS HUMANOS

En el Pleno también se ha anunciado la elaboración del Libro Blanco de los Profesionales Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, un documento que podría estar listo en un año e incluirá los avances en materia de ordenación de las profesiones sanitarias, con mención a los asuntos como el nuevo mapa de especialidades en ciencias de la salud o los retos que se plantean con la implantación de la troncalidad.

Además, se ha aprobado un proyecto de Real Decreto sobre el acceso excepcional al título de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Este proyecto fija en el próximo 31 de marzo de 2013 la fecha para la última prueba para el acceso extraordinario al título de esta especialidad.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En lo que respecta a violencia de género, en la reunión de hoy se ha presentado el correspondiente a 2010. Se trata de una iniciativa relevante, pues los profesionales sanitarios son, en muchas ocasiones, el primer punto de contacto con las mujeres que sufren este tipo de violencia. Por eso, el sector sanitario es una herramienta privilegiada para la detección precoz y la prevención de estos casos.

En el informe de 2010 se recogen datos agregados del SNS, tanto de indicadores epidemiológicos como de formación de profesionales. Asimismo, incluye un análisis sobre políticas públicas sanitarias destinadas a los grupos más vulnerables, como los hijos menores de mujeres maltratadas, las embarazadas, inmigrantes o quienes están inmersas en las redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.