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Las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla vulneran "flagrantemente" la legislación vigente, según jesuitas

El Servicio Jesuita al Migrante (SJM) denuncia en el documento 'Que no se ahogue la esperanza' que una propuesta como regular las devoluciones en caliente "vulnera" la legislación nacional e internacional vigente pues "supedita la garantía de los derechos fundamentales a la eficacia del control de fronteras y de la lucha contra la inmigración ilegal".
La investigadora del Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Cristina Cortázar, ha indicado que España está "faltando flagrantemente" en Ceuta y Melilla la garantía de los derechos humanos pues la normativa confirmada por el Tribunal de Estrasburgo establece que ningún país europeo puede devolver a una persona que se encuentra bajo su jurisdicción a otro país donde vaya a sufrir torturas o trato inhumano y degradante.
Así lo ha asegurado Cortázar este jueves en la Universidad Pontificia de Comillas durante la presentación de este documento que contiene reflexiones y propuestas ante las elecciones al Parlamento Europeo para garantizar los derechos humanos en las políticas de inmigración.
Cortázar, tras regresar de una reunión en Bruselas con 29 expertos en migraciones, concluye que no existe "ningún resquicio" por el que el Estado español "pueda hacer valer que estas devoluciones en caliente son conformes a la legalidad vigente". En esta línea, ha denunciado que se quiera modificar "a toda prisa" la Ley de Extranjería, según supone, "para legalizar estas devoluciones".
De hecho, la experta ha apuntado algún caso reciente en que algún tribunal europeo ha condenado a países de la UE --Grecia, Bélgica e Italia-- "por hacer cosas menos graves de las que está haciendo España".
Concretamente, ha explicado el caso MSS, un solicitante de protección internacional que entró en la UE por Grecia donde fue ingresado en un centro para inmigrantes y que sufrió tratos inhumanos. Ante esta situación, MSS huyó a Bélgica y desde allí le devolvieron a Grecia. "Bélgica prioriza una norma procedimental aunque le consta que en Grecia está sufriendo tratos inhumanos", precisa la experta, para añadir que el "monitoreo" de la Comisión Europea falló por completo.
La otra sentencia de Estrasburgo es la de 'Hirsi Jamaa y otros contra Italia' ante el caso de un grupo de eritreos y somalíes que viajaban en un bote endeble desde Libia hacia Italia cuando fueron recogidos aún en "mar libre" por un barco italiano que les devolvió a Libia.
ELEGIR "BIEN" A LOS PARLAMENTARIOS EUROPEOS
Ante estos casos, Cortázar ha remarcado la importancia de "elegir bien" a los parlamentarios europeos que son los que van a "colegislar" pues desde 2009, el Consejo y el Parlamento Europeo están en igualdad. "Si elegimos a quien debe colegislar, sabemos seguro que ninguna norma se va a aprobar sin que el Parlamento Europeo la apruebe", ha añadido.
También ha invitado a los jueces españoles a enviar preguntas "prejudiciales o previas" al juez de la Unión Europea cuando se les presente el caso de una persona cuyos derechos están siendo vulnerados, un procedimiento que, según ha precisado, se utiliza poco en España.
Por su parte, el director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España, Miguel González, ha propuesto que se organice una misión con un grupo de juristas expertos en protección internacional que puedan entrar en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para identificar a personas susceptibles de protección.
Entre las propuestas del SJM destacan la de estudiar nuevos canales para la inmigración ilegal, como visados para búsqueda de empleo, y la de garantizar la identificación y el acceso a protección de posibles solicitantes de asilo en las fronteras de la UE, especialmente, en Ceuta y Melilla.
Según ha precisado González, actualmente en España se están "incumpliendo los sistemas de identificación y de garantías que la propia legislación española establece" al tiempo que "se está impidiendo que las personas que pueden ser acreedoras de protección internacional hagan valer su derecho a solicitarla. "¿Por qué hay tantos sujetos de protección internacional que se tienen que jugar la vida para acceder a ella?", se ha preguntado.