Un experto denuncia que las mutuas de trabajo traspasan sus costes al Estado

Vicenç Navarro ha hecho esta denuncia en la presentación de un estudio sobre la atención primaria en España, que aconseja rediseñarla para responder a las nuevas necesidades de la población.

El catedrático de Políticas Públicas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra, y reconocido experto internacional en sanidad, ha coordinado junto al doctor Amando Martín Zurro, presidente del Instituto de Investigación en Atención Primaria (IDIAO, Jordi Gol), este trabajo, que ha presentado la consellera de Salud de la Generalitat, Marina Geli.

Según Navarro, el copago, "un gran tema mediático que para las autoridades nunca se ha sido un tema central", no es la solución a la falta de recursos, "sino para acabar con la forma de actuar de las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales", que están entre los fondos de dinero privado más importantes de España, y que tienen un poder económico y político enorme.

Según el Observatorio Laboral de la UPC, unas dos millones de personas padecen en España alguna enfermedad como resultado de su trabajo, pero las cifras oficiales solo reconocen 30.000 casos anuales, y la mayoría de leves y sin baja.

Esta ocultación de datos supone que los costes sanitarios que deberían asumir las mutuas laborales recaigan en la sanidad pública, y que el 14% del presupuesto en salud pública de la Comunidades Autónomas sea para atender estas patologías, un fraude que según la UPC alcanza los 82.000 millones de euros anuales.

También desde este observatorio se ha denunciado que en España mueren al año unos 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en su lugar de trabajo, pero que ninguna de ellas aparece como muerte laboral en los registros de defunción.

Según los datos oficiales, en España entre 2000 y 2004 ninguna persona murió por una enfermedad laboral, y en los datos de 2005 solo se registran tres casos de personas muertas por patologías adquiridas en su trabajo.

El Observatorio Laboral de la UPC estima que 9.400 muertes de cáncer, 3.600 por problemas cardiovasculares y unas 1.700 respiratorias tienen su origen en el ámbito laboral, aunque ninguna de ellas consta como tal en los registros de defunción.

Según Navarro, las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales hacen todo lo posible para que las enfermedades y causas de muerte no se reconozcan como laborales, porque se evitan pagar a las familias, en caso de muerte, la pensión que les correspondería por ley, y los costes que tiene la atención de los enfermos.

Según la ley, en los casos de muerte laboral las mutuas deben pagar una pensión laboral, que es mayor que la pensión normal de la Seguridad Social, a los familiares, viudas o viudos o dependientes del trabajador muerto.

En este sentido ha calificado de histórico "pese a la escasa repercusión en los medios" el acuerdo entre la Generalitat y el Ministerio de Trabajo de hace un mes para coordinar la atención sanitaria a los trabajadores en las dos redes, y empezar a acabar con esta situación.

Respecto a la situación de la asistencia primaria en España, Navarro ha reconocido que los profesionales sanitarios, que son el eje del sistema, están agobiados por la presión y que hay que redefinir sus competencias, y especialmente en el ámbito de la enfermería.

Amando Martín Zurro ha remarcado que cuando se habla de rediseñar la primaria ello obedece a que hay que tener en cuenta cuestiones sociológicas, como el hecho de que más del 20% de la población vive sola y las residencias son una opción para vivir los últimos años.

Acabar con la politización excesiva de las direcciones, hacer de la primaria el eje central del sistema sanitario, corregir la brecha entre el gasto hospitalario y el de primaria y desmedicalizar la demanda asistencial de baja complejidad, son algunas de las conclusiones del estudio, basados en datos de las CCAA.

También aconseja fortalecer alianzas con universidades, instituciones y empresas para poder participar en grandes proyectos de investigación básica, clínica, epidemiológica y de servicios, y poner en marcha políticas de recursos humanos que corrijan la desmotivación de los profesionales de la asistencia primaria.