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El número de pulseras de localización de maltratadores activas alcanzó su máximo en abril, con 815 dispositivos

El número de pulseras de localización por GPS de maltratadores con una orden de alejamiento respecto de sus víctimas alcanzó un máximo el pasado mes de abril, cuando coincidieron 815 dispositivos activos, el número mayor desde que la Administración General del Estado adquirió 3.500 de estos brazaletes para la protección de mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección en agosto de 2009.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, actualizados a 30 de abril, el uso de estos dispositivos que son impuestos por una orden judicial a fin de garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, ha ido en aumento en los últimos años aunque a un ritmo reducido y siempre por debajo del volumen de brazaletes disponibles.
Un año después de entrar en vigor había 418 activos y al cabo de dos años, eran 724. Hasta enero de 2016 no se rebasaron los 800 funcionando simultáneamente y ha sido a 1 de mayo cuando se ha alcanzado ese pico más alto de 815. Desde 2009 se han producido 3.664 instalaciones a otros tantos hombres en España. Mientras, sólo en 2015 se acordaron 20.820 órdenes de protección.
La medida, encargada por la entonces Ministra de Igualdad Bibiana Aído, resultó polémica por infrautilizada. Desde la adquisición de los dispositivos tanto el PP, que ahora gobierna en funciones, como las organizaciones especializadas criticaban que siguiesen produciéndose homicidios de mujeres que tenían una orden de protección sobre el hombre que las había venido maltratando existiendo estos dispositivos telemáticos.
De hecho, el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial ha venido incidiendo en la importancia de sensibilizar a los jueces sobre el uso de estos dispositivos de control electrónicos, promoviendo diversos cursos de formación.
Volvió a hacerlo en 2014 en una batería de recomendaciones para mejorar la protección de las mujeres que han acudido a la justicia ante una situación de maltrato y comprobar que en ninguno de los casos de homicidio se había impuesto esa medida.
De hecho, sólo una de las víctimas mortales que había denunciado al maltratador solicitó el brazalete y aunque el Fiscal se puso de su parte, el juez se lo negó "al no existir quebrantamientos recientes" de las órdenes de alejamiento ni indicios suficientemente consistentes de la comisión del delito", tal y como recogía el informe del Observatorio difundido a finales del año pasado.
"El Observatorio incentivará la formación de los jueces y magistrados en esta materia, dado que no se ha producido ningún homicidio o asesinato en el que el presunto autor llevara la pulsera electrónica, lo que indica que los órganos judiciales habían valorado correctamente el riesgo de la víctima", decía este organismo en otro informe al respecto.
Sin embargo, expertos como el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, inciden en que esta medida no está indicada en todos los casos. Como recordaba en unas jornadas monográficas, las pulseras requieren de la colaboración de la víctima (el maltratador lleva un dispositivo y la mujer otro), lo cual no siempre está indicado, y a veces operativamente es inviable por la proximidad del domicilio de ambos o lo reducido del municipio en el que residen.
Al cierre del mes de mayo, constaban en España 51.330 mujeres en vigilancia policial por violencia de género. De 34.437 se ha concluido que no están en una situación de riesgo y de 13.843 se afirma que están en riesgo bajo, pero figuran 2.893 mujeres en "riesgo medio", 152 en "riesgo alto" y cinco que viven en una situación de peligro "extremo", según los datos del Sistema de Seguimiento a los que ha tenido acceso Europa Press.
De acuerdo a las cifras oficiales, 21 mujeres han sido asesinadas en España a manos de los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja desde el 1 de enero de este año.