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Una víctima de Hipercor acepta el tercer grado a Bolinaga porque lo dicta la ley, aunque "duela"

La víctima del atentado de Hipercor y expresidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), Robert Manrique, ha admitido que se le conceda el tercer grado al secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxeberria Bolinaga, porque lo dicta la ley aunque "claro que duele".
En declaraciones a Europa Press, Manrique ha añadido que, ante todo, le gustaría saber qué opina de esta decisión el propio Ortega Lara, "el verdadero protagonista de esta historia".
Según Manrique, si la ley les da unos derechos a los presos, del mismo modo que los otorga a las víctimas, es lógico que los reclamen, y ha insistido en que la obligación del Gobierno "es hacer cumplir la ley".
Ha opinado que dudar del informe médico que determina que Bolinaga tiene un cáncer terminal es "surrealista", ya que los médicos por deontología tienen que decir la verdad y solo faltaría que hicieran informes falsos.
Sobre las declaraciones del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) asegurando que la excarcelación se ha producido por un chantaje por la huelga de hambre, Manrique cree que entonces se debería pensar que todos los gobiernos han cedido a chantajes y ha añadido que "las cosas se hacen conforme a la ley, guste o no, aunque naturalmente hay cosas que se pueden mejorar".
MAYOR OREJA FUE QUIEN DIO DERECHOS A LOS TERRORISTAS
Ha respondido a las declaraciones del eurodiputado del PP y ministro del Interior en la época de José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, asegurando que los movimientos del Gobierno están dando fortaleza a ETA, recordando que están fuera de lugar porque fue él quien "hizo esta ley que da derechos a los terroristas".
Preguntado sobre si la huelga de hambre por Bolinaga favorecerá que en otros casos también las emprendan, ha indicado que esto es problema de los terroristas pero ha pedido a las autoridades que investiguen si son reales porque él no se cree "estas milongas".
Se ha mostrado de acuerdo con el plan del Gobierno para el retorno de etarras huidos, "con que los traigan y cumplan condena aquí".
Ha opinado que impulsar la cadena perpetua es un tema "delicado" porque, a su entender, requeriría un cambio en la Constitución ya que por ahora no figura, y además no podrá tener efectos retroactivos.
"Es un paso jurídico importante. Si jueces y políticos están de acuerdo, no seré yo quien diga que no", ha concluido.