Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Gobierno vasco pide que se retiren referencias a ETA de Counter Strike

El delegado del Gobierno central en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha pedido que no se ponga a la venta tal y como está diseñado actualmente el videojuego Counter-Strike: Global Offensive, que plantea la posibilidad de jugar como miembro de un grupo terrorista muy similar a ETA. A su juicio, es un "disparate absoluto" y una "inmoralidad" que "humilla" a las víctimas.
En declaraciones a Europa Press, Urquijo ha realizado esta denuncia pública y ha solicitado a la compañía norteamericana Valve Corporation que, tal y como está diseñado, no comercialice este producto cuyo lanzamiento está previsto para la próxima semana.
La empresa ha decidido introducir un grupo armado en su juego Counter-Strike: Global Offensive que está inspirado en la banda armada ETA, que ha sido bautizada como "separatista" en el juego.
Precisamente, el delegado del Gobierno en Euskadi ha subrayado, además, que la productora comete el "error" de calificar a los integrantes de ETA como "separatistas". "Es algo que suelen hacer los americanos, que no saben muy bien de quién estamos hablando", ha agregado.
UNA "HUMILLACIÓN" A LAS VÍCTIMAS
Urquijo cree que, en caso de salir al mercado, el videojuego sería una "humillación" a las víctimas del terrorismo y una "ofensa" a todos los españoles "que tanto hemos sufrido por la violencia terrorista", para que ahora se "frivolice" con ella "convirtiéndolo en un juego virtual".
Además, ha recordado a la empresa que, como consecuencia de la actividad terrorista de ETA, se "ha asesinado a 857 personas en España" y, en este sentido, ha pedido "un poco más de respeto e información" por parte de la industria del videojuego.
El delegado del Gobierno ha confiado en que la cuestión se resolverá sin tener que recurrir a medidas "coercitivas" como las judiciales y ha apelado al "sentido común" de la empresa, a la que alguien "tiene que abrir los ojos" para resolver la polémica "de manera amistosa y sin recurrir a otras vías".