CiU y PNV, únicos grupos en el Congreso que no piden al Gobierno que retire la Ley de Propiedad Intelectual

En ninguna de ellas se ha presentado texto alternativo a la ley que ha presentado el gabinete de Mariano Rajoy. Así, entre otros puntos, estos grupos parlamentarios critican que esta normativa no cuenta con el apoyo del sector y no comparten que se vaya a reformar esta normativa cuando dentro de un año tendrá que volver a cambiarse ante una nueva directiva.

Tanto PSOE como la Izquierda Plural hacen especial hincapié en sus respectivas enmiendas de totalidad que falta consenso con los sectores concernidos a la hora de elaborar la ley. De hecho, para el PSOE es el punto que principalmente debe cambiar en la normativa para que pueda llegar a plantearse apoyar al Gobierno en su tramitación parlamentaria, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

IU-ICV-CHA sostiene que este proyecto de ley ha sido elaborado sin diálogo con los sectores implicados, sin alcanzar el "más mínimo acuerdo", al mismo tiempo que debilita la protección de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas tecnológicas.

En este punto coincide Amaiur, que argumenta que en este texto legislativo se aborda la protección y el reforzamiento de los grandes grupos empresariales y grupos de intereses, "con un intervencionismo que recorta libertades, supone un ataque a la socialización del conocimiento, da la espalda a la nueva economía y al progreso científico y técnico, además de limitar la creatividad".

El BNG también comenta en su enmienda de totalidad que lo "más sorprendente" de la normativa es que la forma de enfocar la nueva regulación de propiedad intelectual ha cosechado oposición de diferentes sectores, tanto de los autores, de las sociedades de gestión, y finalmente de los usuarios.

En opinión del PSOE, esta normativa también tiene otros dos "vicios de origen", como la falta de un diagnóstico de la situación real de la industria cultural y de su relación con las nuevas tecnologías.

Teniendo en cuenta el nivel de litigiosidad que se detecta en torno a la propiedad intelectual, el PSOE echa también en falta un análisis detallado que "ilumine los aspectos más conflictivos" en el uso de bienes y servicios protegidos por la legislación de propiedad intelectual.

REGULACIÓN DE COPIA PRIVADA

Además, PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC y BNG no comparten la regulación de la copia privada y que la compensación equitativa siga dependiendo de los Presupuestos Generales del Estado, que fijarán una partida al efecto.

El PSOE indica que el proyecto aborda la reforma de la compensación por copia privada en una dirección que se aleja de las recomendaciones y de la orientación de la legislación europea.

Desde IU-ICV-CHA explican que, tras el fracaso del "canon indiscriminado", el ministerio que lidera José Ignacio Wert ha renunciado a buscar, mediante el diálogo entre todas las partes implicadas, una fórmula que permita de forma definitiva atender la compensación equitativa por copia privada, optando por dar continuidad a la salida provisional instaurada en 2011, es decir, el pago con cargo a los Presupuestos, aunque en una cuantía "muy reducida", un 95 por ciento inferior a la que se recaudaba por el canon.

A su juicio, esta medida supone "un notable" perjuicio para los creadores, según dice que han denunciado las asociaciones de titulares y las sociedades de gestión de derechos de la propiedad intelectual, que ven "cómo peligra el mantenimiento de su función social".

"Es algo completamente inadecuado, y por eso mismo se aprobó como solución excepcional y transitoria tras la derogación del canon digital", añade UPyD.

Los republicanos catalanes critican también de que este sistema de compensación es único en la UE y no respeta el principio de equidad entre el perjuicio sufrido por los autores de obras protegidas y su posterior compensación, además de trasladar el coste de dicha compensación al conjunto de la ciudadanía, cuando el propio concepto de compensación debe implicar que se haga atendiendo al uso o no que se haga de la copia privada.

El BNG apunta por su lado que con esta ley se culmina la labor de "difuminar" el concepto legal de copia privada, con lo que serán "muy pocas" las que puedan considerarse legales. "Sitúa en la ilicitud incluso el contenido legal descargo en Internet, pero al mismo tiempo encarga a los autores y las sociedades de gestión a hacer una compleja gestión para que se consideren legales y, con ello, puedan ser retribuidos", ha agregado.

DERECHOS DE AUTOR Y PERIODISTAS

IU-ICV-CHA denuncia en su argumentación que tampoco esta normativa reconoce adecuadamente el anteproyecto de los derechos de autor de los periodistas y fotoperiodistas, a pesar de haber sido expresamente reconocidos por la Comisión Europea.

Desde ERC entienden que, en materia de derechos de autor, la ley es insuficiente y apenas introduce modificaciones "parciales" a medida que el Estado se ve obligado a ir transponiendo directivas comunitarias que inciden en la regulación de la Propiedad Intelectual.

Por ello, ve "notorio" que la actual Ley de Propiedad Intelectual necesita una "profunda" reforma para incorporar todos los cambios acaecidos en el mercado de la información, de la cultura y en el marco tecnológico y transponer en su globalidad las distintas directivas comunitarias.

NUEVOS MODELOS DE INTERNET Y COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

Desde UPyD, lamentan que esta reforma no introduce ninguna propuesta que sirva para integrar los derechos de propiedad intelectual en los modelos de negocio que se han generado en el mundo de Internet.

La Izquierda Plural, por su parte, critica que después de dos años y medio de Gobierno del PP, se esperaba una nueva legislación de propiedad intelectual que permitiera conciliar los legítimos derechos de los creadores y de la ciudadanía a acceder a la cultura, cosa que a su juicio no se cumple en esta normativa.

Mientras, ERC critica que la reforma ignora la necesidad de incorporar las competencias autonómicas en todo lo relativo al control de las entidades de gestión, de conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997.