Fuentes de la empresa indicaron a EFE que el ERE se va a aplicar en dos tramos, por una parte a 1.350 trabajadores a fecha 31 de julio, a los que se irán sumando otros 50 empleados que lo harán de forma diferida hasta el 30 de octubre, mientras que otros 50 se mantendrán en la sociedad de una forma voluntaria e indefinida para intentar recuperar la actividad.
Aunque el Comité de Empresa y UGT consideran que se trata de una liquidación de la actividad y del cierre de esta empresa que cumple este año 108 de existencia, desde Posibilitumm, los nuevos dueños de Marsans, se niega tal posibilidad.
Un portavoz de Posibilitumm indicó a EFE que hay que seguir pendiente del plan de viabilidad de Marsans, que sigue basándose en tres "patas" y que si éstas se cumplen permitirán recuperar la actividad de la empresa.
Estas tres "patas" son la reducción de costes, la generación de tesorería y la recuperación de la actividad.
Ello se puede conseguir, ya que "continuamos pendientes de realizar la venta de algunos activos", que permitiría afrontar algunos pagos y retomar la actividad; mientras que el ahorro proviene del ERE actualmente acordado con los trabajadores.
Precisamente, y por ello se ha incluido en el preacuerdo del expediente, que se otorgue "prioridad de contratación" ante la posible reapertura de la actividad a los trabajadores afectados por el ERE, o la venta a un tercero para su explotación.
Los nuevos dueños de Marsans que compraron la compañía a Gonzalo Pascual y a Gerardo Díaz Ferrán, el 10 de junio, y el administrador concursal, acordaron ayer la firma de un acuerdo de expediente de extinción de empleo para toda la plantilla de la compañía, que hoy se ha hecho público.
El ERE contempla el pago de 32 días por año trabajado con 30 mensualidades y hasta un máximo de 70.000 euros, de esta cifra el FOGASA se hará cargo de un máximo de 26.915 euros.
Asimismo se ha acordado mantener un fondo de 1,9 millones de euros para la mejora de las indemnizaciones a los mayores de 50 años.
Además del acuerdo de aplicación del ERE, se ha obtenido el compromiso por parte de los gestores de la empresa y del administrador concursal de la garantía de cobro de la totalidad de las nóminas de junio y de la misma garantía para aquellos trabajadores que permanezcan hasta el 31 de octubre.
La UGT en un comunicado calificó hoy el acuerdo de "trágico", y a los anteriores dueños, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, de "empresarios de medio pelo".
Asimismo acusó a Pascual y Díaz Ferrán de no saber lo que es la productividad basada en la fabricación de bienes y servicios que generen beneficios.
Desde este sindicato se ha reclamado que los anteriores propietarios asuman la responsabilidad que tienen, y se acusa a la Administración Pública de "ampararles", y de no "impedir" el atropello que han efectuado a la empresa.