El año pasado la Junta de Andalucía introdujo un nuevo criterio que puntuaba en el proceso de escolarización, ser hijo de divorciado o de separado. Con el nuevo criterio ha llegado también el nuevo fraude.
Los propios padres de los niños no admitidos son los que, a menudo, se convierten en detectives para investigar a los estafadores. Tatiana y Ana salen por la mañana, lista en mano, a comprobar domicilios, buzones, divorcios o declaraciones de la renta. Se sienten estafadas doblemente por la administración, que no les ofrece los colegios que quieren para sus hijos, y por los padres, que no dudan en falsear datos para conseguir entrar.
El año pasado hubo setecientas denuncias por fraude en el proceso de escolarización y un mes antes de que se iniciase el proceso, los divorcios en los juzgados de familia sevillanos aumentaron en un 50%. Este año se prevé que haya menos porque la gente sabe que se necesita una sentencia firme de divorcio y que no basta con haber interpuesto la demanda. Mientras los padres siguen luchando, investigando, persiguiendo a quienes no dudan en delinquir por la educación de sus hijos.