Es por eso que las autoridades andaluzas son las que más interés están poniendo en que la ley se aplique de una forma flexible. El consejero de Vivienda de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, defiendía hace unos días que "su eliminación supondría la desaparición de un producto típico de la oferta turística de algunas zonas". Para Espadas, la Ley de Costas "debe ser sensible a esa peculiaridad y a su importancia en términos económicos y de empleo.
El Ministerio, en cambio, lo tiene claro: las concesiones, tanto las que están en vigor como las caducadas, deben adaptarse a la ley actual. Hay sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que avalan la posición del Ministerio.
Fuera de la arena
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas, limita la superficie de estos espacios a 150 metros cuadrados, fija que han de ubicarse en el paseo marítimo, en vez de en la arena, y que haya una distancia entre establecimientos de 200 metros lineales.
La organización Ecologistas en Acción ha defendido que la Ley de Costas es "innegociable" e insiste en los "múltiples daños que causan los chiringuitos a la dinámica del litoral".
La portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía, Lola Yllescas, defiende la "absoluta conservación y limpieza" de las costas andaluzas, lo que choca con la presencia y la actividad de los chiringuitos instalados en la arena de las playas. "Pero sobre todo -critica-, significa que un espacio público pasa a estar en manos privadas". Apunta que, en determinadas playas urbanas, cabría la posibilidad de instalar en verano chiringuitos provisionales, de carácter desmontable, con "menor afección en el entorno", aunque siembre bajo criterios de "control y limpieza".
El Ministerio quiere llegar a una solución en el plazo más breve posible y que quede ordenado en toda la costa española. En Andalucía existen 800 chiringuitos, la mitad de ellos en la Costa del Sol, que emplean a alrededor de 40.000 personas en toda la Comunidad, según datos del sector. LA