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La instalación y uso de cámaras de grabación en vehículos, comúnmente conocidas como dashcams, se ha vuelto cada vez más popular entre los conductores en todo el mundo, y en España en particular. Aunque no existe una normativa específica que regule de manera explícita el uso de estas cámaras en vehículos privados, hay varios aspectos legales y prácticos que los usuarios deben considerar.
En general, es legal llevar una cámara en el coche, siempre y cuando esta no obstaculice la visión del conductor, ni interfiera con la seguridad del vehículo. No cumplir con esto podría conllevar una multa de hasta 80 a 100 euros. La grabación de imágenes en espacios públicos debe cumplir con la normativa de protección de datos, lo que implica que el uso público - por ejemplo subiendo los vídeos a internet - de estas grabaciones está sujeto a ciertas restricciones para proteger la privacidad de las personas captadas en las imágenes.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) proporciona directrices sobre el uso adecuado de las cámaras en vehículos. La instalación de una cámara puede considerarse una medida idónea y proporcional si se utiliza con fines específicos, como la seguridad vial o la prevención de accidentes. Sin embargo, se necesita el consentimiento de las personas grabadas en ciertos contextos, y la grabación debe ser lo más limitada posible, restringiéndose a situaciones concretas y evitando grabaciones continuadas sin un propósito legítimo, ya que la captura indiscriminada de imágenes que podría ser considerada una violación de la privacidad según la normativa de protección de datos.
En caso de accidentes, las imágenes capturadas por dashcams pueden ser útiles tanto para determinar la culpa en caso de accidente de tráfico, como para las propias aseguradoras implicadas. En estos casos se aplicaría la regla del interés legítimo incluida en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD).
Eso sí, el vídeo debe cumplir ciertos requisitos:
Las imágenes grabadas pueden ser problemáticas si se usan para identificar infracciones de tráfico de otros vehículos sin el consentimiento explícito de las personas identificables involucradas, lo cual puede llegar a considerarse una violación de la privacidad según la ley de protección de datos. Publicar estas grabaciones en redes sociales sin pixelar o difuminar rostros y matrículas puede también acarrear consecuencias legales, incluidas sanciones por vulneración del derecho a la privacidad.
La manipulación de la cámara durante la conducción es ilegal y puede desembocar en multas de 200 euros, y la pérdida de un total de 6 puntos del carnet. Por lo tanto, es muy importante asegurarse de que la cámara esté correctamente instalada y no necesite ser manipulada mientras se conduce.
Dada la complejidad y la falta de una legislación específica aplicable, es recomendable que los conductores que deseen instalar una dashcam en su vehículo se informen adecuadamente y consideren las implicaciones legales de su uso. En última instancia, la legalidad y las posibles consecuencias de utilizar una cámara en el coche dependerán de cómo se use la grabación y con qué fin.