Durante la elaboración de esta orden ministerial, que recoge el gravamen, se pidió la opinión, como así se exige, del Consejo de Consumidores. El órgano, adscrito al ministerio de Sanidad y Consumo, opinó que: primero las entidades de gestión deberían ser públicas, denunciaron el oscurantismo recaudatorio y definieron como elevadas las tarifas adjudicadas.
Además, el consejo enunciaba que "la nueva ley limita el derecho general de la Propiedad Intelectual", ya que se deben tener en cuenta los casos en los que una persona acceda legalmente a una obra y los derechos no estén gestionados por entidades como la SGAE. Tal como continuó el proceso la opinión de los consumidores se escuchó pero no tuvo ninguna repercusión en el texto final.
La equidad del canon
Aunque la SGAE reconoce que "es posible que el canon no sea la única fórmula quizás ni siquiera la mejor", asegura que "el canon es equitativo". Al menos así lo afirma en sus alegaciones ante la Audiencia Nacional de Barcelona que ha suspendido seis juicios contra tiendas de informática hasta tener la opinión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la equidad del canon.
La plataforma 'Todos Contra el Canon' denunciaba la actitud de la SGAE que acusaba, en dichas alegaciones, a los comerciantes y empresarios de "aprovechados". En las alegaciones de los comerciantes de informática que son parte de este proceso judicial abierto en la Audiencia de Barcelona reclaman que la "remuneración compensatoria por copia privada", que no es lo mismo que remuneración equitativa", "no tiene en cuenta el ámbito de las excepciones". Los comerciantes reclaman la necesidad de valorar "el destino de dichos dispositivos para fines ajenos a la copia privada de una obra sujeta a la protección de la Propiedad Intelectual".
Las tarifas están establecidas pero los procesos siguen abiertos en los juzgados para demostrar la equidad o no de este canon. Así que la historia no acaba aquí.