"El proyecto de ley responde a una situación de urgencia, la economía del sector cultural y la renovación de la creación están amenazadas por el robo sistemático de obras en las redes digitales", indicó el Ejecutivo. Se hará efectiva tras dos advertencias previas al abonado y a instancias de una autoridad independiente que será creada a tal efecto.
La suspensión del abono tendrá una duración de entre tres meses y un año. Podrá ser modificada si el internauta acepta el pago de una multa. El proyecto de ley recoge las propuestas elaboradas por una comisión que integró a organismos representativos del sector musical, el cine y las empresas de acceso a Internet.
Según el portavoz del Ejecutivo, Luc Chatel, el presidente Nicolas Sarkozy afirmó durante el Consejo de Ministros que "internet no puede ser una zona de no derecho". Por su parte, la ministra de Cultura, Christine Albanel, considera el proyecto "equilibrado" y señaló que viene acompañado de "un aumento de la oferta legal" para comprar archivos en red.
En España buscan soluciones similares
Por otro lado, el pasado martes se presentó una asociación de una parte de los creadores y de miembros de la industria de contenidos, principalmente de la música y el cine, en defensa de sus derechos y contra las descargas digitales.
La Federación para la Defensa de la Propiedad Intelectual (FAP), junto a la entidad de gestión Egeda, los Productores de Música de España (PROMUSICAE), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y dos asociaciones de distribuidores de cine y de vídeo (ADICAN y ADIVAN) conforman la nueva unión, que trata de encontrar acomodo en España a una "legislación adecuada, que siempre está un paso atrás en el caso de España", según ha declarado el presidente de la Federación para la Defensa de la Propiedad Intelectual, José Manuel Tourné.