A día de hoy, las víctimas del 'spam' telefónico sólo pueden recurrir ante Consumo para denunciar estas llamadas indiscriminadas por parte de no pocas empresas.
Desde el Parlamento se han impulsado varias iniciativas políticas para frenar lo que se califica como "prácticas agresivas". El último ejemplo ha sido la aprobación en la Comisión de Consumo del Congreso de una ley para modificar el régimen de competencia desleal y publicidad ilícita.
En el texto, que ahora deberá ser debatido en el Senado, se considera "desleal las propuestas no deseadas y reiteras por teléfono, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual".
Además, el proyecto de ley contempla que las empresas "deberán utilizar sistemas que permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales", así como que "las llamadas deberán realizarse desde un número de teléfono identificable".
Una ley, distinta realidad
Sin embargo, y pese a estas últimas iniciativas, el 'spam' telefónico ya está regulado en la actual legislación. La ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información establece la prohibición "del envío de mensajes comerciales sin el consentimiento previo".
Pese a ello, la situación real es bien distinta. Las empresas siguen llamando casi impunemente a unos usuarios con la paciencia casi agotada.
Así, en este contexto, las asociaciones de consumidores siguen denunciando que "a la hora de la verdad, es muy difícil evitar estas llamadas comerciales", como ha comentado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.
En su opinión, "la actual ley flaquea" porque "no hay un control por parte de las Administraciones". Según ha apuntado, "se deberían desarrollar más controles para dar una respuesta más efectiva a los usuarios".
Por su parte, el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, ha asegurado que "muchas empresas no lo ponen fácil" para perseguir estas "prácticas altamente intrusivas".
De esta manera, mientras se aprueban las medidas de reciente creación y se hace cumplir la ley de hace siete años, los verdaderos perjudicados continúan recibiendo unas llamadas que, por ahora, no tienen intención de desaparecer.