Su intención es clara: Dar al traste con una ley que "genera para Internet un estado de excepción". Así, "Red SOStenible" nace con el fin de movilizar a la ya de por sí movilizada Red para pedir la retirada de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible del Gobierno.
La posibilidad de cerrar páginas web que, a juicio de una Comisión creada a tal efecto por Cultura, vulneren los derechos de la propiedad intelectual ha provocado la reacción en cadena de los internautas.
Según la agrupación, que cuenta con la adhesión de, entre otros, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, Manuel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet o Simona Levi, miembro fundador de XGAE, la nueva legislación pretende "poner puertas al campo de Internet" al tiempo que antepone los derechos de la propiedad intelectual de los autores a otros derechos fundamentales de los ciudadanos como el de libertad de expresión.
Llamada a la "desobediencia civil"
De esta forma, la plataforma llama a la movilización de los internautas, llegando incluso hasta la "desobediencia civil". En este sentido, los organizadores han recordado la creación de la llamada "lista de Sinde". En esta web, se recoge un listado de las páginas que se han ido "autoinculpando de intercambiar cultura en sus sites mediante la integración de buscadores de descargas".
Los creadores de la nueva agrupación critican el "procedimiento punitivo a la carta" que se prevé realizar con la ley. Según han explicado, "con la actual legislación ya se pueden cerrar web que vulneren los derechos sin necesidad de recurrir a un procedimiento administrativo". Así, han criticado que lo que se pretende es "conseguir por la vía administrativa lo que no se ha conseguido hasta ahora por vía judicial".
"Acciones sorpresa"
Red SOStenible ha iniciado de esta manera una campaña llamada "Internet no será otra tele" en la que se llevarán a cabo diferentes acciones para protestar contra la nueva legislación.
Tal y como han anunciado los organizadores, se desarrollarán en el marco de la presidencia española de la UE al tiempo que se "celebrarán reuniones con los representantes de los partidos políticos, del mundo de la cultura y de las delegaciones diplomáticas" para manifestar su férrea oposición a una ley "que no ofrece garantías".