"Sólo un juez podrá determinar la sanción" a los internautas que hagan descargas ilegales, señala la decisión, de obligado cumplimiento, del máximo organismo garante de la Constitución en Francia.
Los nueve miembros o "sabios" que lo integran -entre ellos los ex presidentes Jacques Chirac y Valery Giscard d'Estaing- argumentan, además, que la libertad de acceso a internet es un derecho fundamental.
En su decisión, señalan concretamente que la libertad de comunicación y expresión estipulada en la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 implica "la libertad de acceder a los servicios de comunicación al público en línea".
Por lo tanto, añaden, sólo una autoridad judicial tiene capacidad de restringir esa libertad.
Esto obliga al Gobierno a retirar la polémica normativa tal y como está redactada y a ajustarla al dictamen, algo que se hará "rápidamente", según ha asegurado la ministra francesa de Cultura, Christine Albanel.
La responsable "toma nota" de la decisión del Consejo y anuncia que propondrá al presidente Sarkozy y al primer ministro francés, François Fillon, "completar rápidamente" la ley para que sea un juez el que tenga la última palabra a la hora de imponer sanciones a los internautas que hagan descargas ilegales.
Desde la oposición, el Partido Socialista -que hoy ha visto cómo el Consejo Constitucional avalaba el recurso que presentó contra el texto legislativo por considerar contrario a la Constitución que se corte el acceso a internet a un cliente sin que exista una sentencia judicial- cree que hay que ir más allá y elaborar una nueva ley.
"La ley debe redactarse de nuevo por completo", de forma que cumpla el doble objetivo de "garantizar la financiación de la cultura y preservar las libertades de los internautas", señala el comunicado difundido por la principal fuerza de la oposición en Francia.
Desde la mayoría conservadora, el portavoz de la gobernante Unión por un Movimiento Popular (UMP), Frederic Lefebvre, destacó, sin embargo, que el Consejo Constitucional "validó la casi totalidad del texto".
Lo que está claro es que la parte más polémica de la normativa que impulsó el propio Sarkozy no podrá salir adelante, tal y como había defendido también el Parlamento Europeo (PE) el pasado 6 de mayo, cuando aprobó una enmienda en la que señalaba que el corte del acceso a internet sólo puede dictarse a través de una decisión judicial.
La controvertida ley, aprobada el pasado mayo por el Senado y la Asamblea Nacional tras un largo y complejo debate parlamentario, estipula que los internautas que hagan descargas ilegales recibirán un primer aviso por correo electrónico y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de reincidir, se les corte el acceso de seis meses a dos años.
De acuerdo con el texto, la entidad encargada de fijar las sanciones sería la Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet, la HADOPI, nombre con el que se conoce la normativa.
Pero, de acuerdo con el dictamen del Consejo Constitucional, el papel de esta Alta Autoridad es advertir de las descargas que se hayan podido descubrir, pero no castigarlas.