El organismo ha explicado que la apertura de estos expedientes sancionadores se debe al presunto incumplimiento por parte de estas dos empresas de las condiciones determinantes de la adjudicación y asignación de los recursos de numeración, lo que podría implicar la comisión de una infracción administrativa grave de la Ley General de Telecomunicaciones.
En todo caso, Competencia ha recordado que la incoación de estos dos procedimientos no prejuzga el resultado final de la investigación. A partir de ahora se abre un periodo máximo de 12 meses para la instrucción de los expedientes y para su resolución por parte de la CNMC.