El Gobierno incluyó en el anteproyecto de una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) que ampara la desconexión extrajudicial de "servicios de la sociedad de la información" para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual. Ley de Economía Sostenible
Esta nueva razón, que se une a ha soliviantado a los internautas. Además, el texto obliga a los prestadores de servicios, ya sean operadoras de telecomunicaciones o proveedores de hospedaje, a "facilitar los datos de que dispongan" para facilitar la identificación necesaria para el procedimiento. los cuatro supuestos de excepción ya contemplados en el artículo 8 de la LSSI,
El texto "ocasionará inevitablemente daños colaterales a la libertad de expresión. Si realmente lo que se pretende es terminar con la mal llamada piratería que inventen una ley-vacuna que afecte exclusivamente lo que se pretenda combatir", reclama Jaume R. Palau, director general de CDmon. "Las leyes han de estar para proteger al pueblo, no para oprimirlo", porfía Palau.
"El problema es que una mitad de la sociedad vive en el siglo XX y la otra, en el XXI. Esta medida significa que no se entiende la problemática, porque no se va a la cuestión de base. Hay que legislar a un nivel más profundo", argumenta Faustino Jiménez, director general de Arsys. "Además, es una chapuza desde el punto de vista técnico, una barrera fácilmente salvable por los que infringen la ley. Hay que buscar soluciones, pero soluciones globales y que no afecten a los derechos de la ciudadanía", termina.
C de comisión, C de cliente
Una nueva comisión, dependiente del ministerio de Ángeles González-Sinde y creada mediante la modificación de Ley de Propiedad Intelectual, sería el "órgano competente" para ejecutar la norma. Este órgano, que no actuaría de oficio, estudiaría si las páginas denunciadas usan o enlazan contenidos protegidos por copyright. Si la comisión cree que son prácticas recogidas en los artículos 8 u 11 de la LSSI, enviaría el asunto a un juez. Después, si no se infringen esos principios pero la web aún así utiliza o enlaza contenido protegido, procedería a avisar -en dos ocasiones- a la página web, para que desista de su actitud.
En el caso de que los infractores no hicieran caso, la comisión instaría a las empresas de alojamiento a bloquear el acceso. "Es una intromisión en el sector", se quejan las compañías. Si el servidor, por alguna razón (como encontrarse fuera de España) decide no cortar la conexión, este órgano instaría a las operadoras españolas (Telefónica y Ono, por ejemplo) a que bloqueen el acceso a la página.
El sector del alojamiento de dominios en España, que hasta ahora sólo se había manifestado en corrillos, levanta por fin la voz. Y es que este mercado será uno de los grandes damnificados si este texto de 198 páginas sigue adelante. Por un lado, deberían informar a la comisión de cientos de datos sensibles para sus clientes, además de que el caudal de páginas que tendrían que cerrar crecería exponencialmente. "Y sin una compensación económica por intervenir en procesos judiciales, sin una recompensa por educar como peritos o testigos", recuerda Jiménez. Sin embargo, hay otro problema aún más grave: los alojadores tendrían que cortar el servicio directamente, lo que les originaría un conflicto de intereses: o decepcionar a su propia clientela o incumplir el mandato de un órgano extrajudicial pero competente.
"No es lo mismo cortar una web que sabes que está haciendo un uso fraudulento, y que el corte se realiza sabiendo que se está actuando de una manera correcta, que cortar una web que a lo mejor lo que ha hecho ha sido criticar alguna entidad poco amada por los internautas. Estas cosas terminan pesando en la conciencia", apunta Palau. Sin embargo, si la ley se aprueba, el sector deberá acatarla. "Pero para nosotros sería una decepción muy grande y una pérdida de ilusiónimportante", avisa.
Cerrojazo a internet
Si el paquete antipiratería acaba por cristalizar, las firmas de hospedaje web se verán en una encrucijada, aunque sus cuentas bancarias no sufrirán en exceso. "El procedimiento de desactivación es sencillo: recibimos la orden judicial con el resultado de la sentencia e inmediatamente desactivamos la página e informamos al cliente sobre el proceso que nos hemos visto obligados a actuar", cuentan desde CDmon.
"En el caso de las empresas proveedoras de ADSL, ya no lo tengo tan claro, ya que mientras que nosotros somos los prestadores finales del servicio, las empresas de ADSL sólo son mensajeros y deberán instalar filtros intermedios que podrían llegar afectar el rendimiento de la red en sus clientes", sugiere Palau.
De todas formas, la existencia de la comisión es una dificultad añadida. "¿Qué pasará, por ejemplo, si se bloquea una página a instancias de éste órgano y luego el juez no respalda la decisión?¿De quién será la responsabilidad del corte preventivo? Nosotros somos sensibles al problema de la propiedad intelectual, pero nos preocupan nuestros clientes", subraya Jiménez.
En cualquier caso, la tramitación parlamentaria de las medidas antipiratería contenidas en la Ley de Economía Sostenible será larga. Además, el PP anunció este mismo jueves que recurrirá al Tribunal Constitucional si no se modifica. No obstante, los votos del PP contribuyeron a la aprobación del cierre de páginas por vía administrativa.