Durante la sesión extraordinaria celebrada este martes se han pactado nueve enmiendas transaccionales a esta ley. De las 169 enmiendas parciales presentadas al texto del Gobierno solo se han incluido las nueve que ha presentado el PP.
La reforma se aprueba en Comisión con competencia legislativa plena, lo que permite remitiarla al Senado si necesidad de pasar por el pleno. Previsiblemente, la norma podría estar definitivamente aprobada en septiembre u octubre.
Entre los puntos que más discrepancias ha generado el texto del Ejecutivo, se encuentra la compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, conocida como 'tasa Google'.
Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al ministerio que dirige José Ignacio Wert, esta reforma parcial se 'jugará' en dos tiempos, por lo que no sólo habrá cambios en la ley que ha presentado el Gobierno en el Congreso, sino que también los habrá en el Senado, donde también podrían modificarse bastantes aspectos.
Aún así, el Gobierno realizará una reforma de "más amplio calado" previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre la materia, según adelantó en sede parlamentaria el responsable ministerial del ramo, José Ignacio Wert.
La normativa fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero, y su debate de totalidad tuvo lugar en el Congreso en abril. En aquel momento, PP, UPN y Foro de Asturias tumbaron las seis peticiones de la oposición (PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, BNG y Amaiur) por retirar y devolver al Gobierno la ley. CiU y el PNV se abstuvieron en la votación.
En aquel debate Wert explicó a su vez que con esta ley se va a "mejorar" la protección de los derechos de la propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, se va a dar una nueva regulación del concepto de copia privada.
Además, el ministro resaltó que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería, ya que la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.
Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.
Otro de los puntos más criticados durante la tramitación parlamentaria de la normativa ha sido la ausencia de comparecencias en el Congreso de expertos en la materia, al mismo tiempo que los grupos parlamentarios han criticado que esta normativa no ha sido elaborada con el consenso del sector.
La oposición vota en contra
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ascensión de las Heras, ha centrado su intervención en criticar "las prisas" con la que el Gobierno ha tramitado la reforma parcial de esta Ley. A su juicio, con esta nueva regulación se van a desproteger los derechos de los usuarios y va a ser "inútil" para el que debería ser su objetivo, una legislación que permitiera conciliar los derechos de los creadores y de la ciudadanía a acceder a los mismos.
"El resultado no podría ser peor y todos los sectores culturales se manifiestan en su contra y no han sido escuchados", ha lamentado, al mismo tiempo que ha pedido la supresión de la conocida como 'Tasa Google', ya que considera que va a desfavorecer al sector.
El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha criticado que esta ley es "demasiado conservadora", "intervencionista" y que "renuncia a adaptar la ley a la realidad". A su juicio, sirve para "privilegiar y mantener en el tiempo modelos de negocio que no se han adaptado" y dejar que se mantenga una "situación de monopolio". Además, señala que este modelo de legislación se ha repetido en el campo energético y de las telecomunicaciones, donde siguen existiendo "oligopolios".
El diputado de ERC Joan Tardá criticado que sus enmiendas no han sido aceptadas ni transaccionadas, y ha criticado la visión "centralista y homogeneizadora del Estado", que ignora las competencias que tiene la Generalitat en las materias que aborda la reforma. Además, acusa al Gobierno de mantener "el proceder del PSOE" o actuar "a golpe de directiva" y no encarar una "reforma integral" de la ley, sino parcial, según "les han instado algunos lobbys".
Sobre la compensación por copia privada, ve en el cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un sistema que debería cambiarse por otro en el que el cargo lo soportaran las operadoras y no los ciudadanos, ya que, según indica, son las que obtienen beneficios.
Por su parte, el PNV ha mostrado su "enfado" por no haberse aceptado sus enmiendas. El PNV considera que el actual sistema es "injusto" para los ciudadanos y cree que debería "sustituirse por el sistema anterior". Según critica, parece que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es quien ha dictado esta ley "más que Cultura".
Internautas y usuarios piden su rechazo
Ante la inminente aprobación de la reforma, la Asociación de Internautas y Usuarios de Internet ha entregado este martes un escrito en el Congreso y en el Senado en el que reclamaba tanto al Gobierno como a los parlamentarios que se aplazase la tramitación del texto legal.
Ambos organizaciones critican que la norma pone en marcha dos canones digitales, la 'tasa Google' y el canon por copia privada que, en su opinión, van a perjudicar" a los usuarios y al mundo de Internet.
Precisamente, usuarios e internautas han decidido reactivar la plataforma 'Todoscontraelcanon.org', compuesta por 34 organizaciones, y el apoyo de más de tres millones de ciudadanos, que se opone al recorte de libertades en Internet que, a su juicio, plantea esta nueva regulación.
En el escrito critican que en la reforma parcial de la LPI se establecen dos compensaciones equitativas o cánones digitales. Ambos sostienen que la implantación de estos cánones supone "un anacronismo" porque implica legislar obligaciones de pago a todos a favor de entidades privadas o entidades de gestión de derechos que representan "tan sólo a sus asociados".
La primera tasa en su artículo 25, la compensación por copia privada, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para compensar las copias privadas que pueden hacer los ciudadanos. "Se pone en marcha a pesar de que el PP dijo que lo iba a eliminar e iba a buscar otra forma de gestión", señala Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet.
En la carta proponen que puede aplicarse directamente sobre la obra original, de forma que es cada autor quien la fija, quien la cobra y quien la percibe en su totalidad, sin la necesidad de entidades intermedias.
'Tasa Google'
La otra tasa se establece en su artículo 32.2, a cargo de los agregadores de noticias y en beneficio de las entidades privadas de gestión de derechos de autor, la conocida como 'Tasa Google'.
En su opinión, no tiene "ningún sentido" imponer un canon por agregación de contenidos cuando resulta que no hay perjuicio para nadie sino todo lo contrario, y cuando aquellos que no quieren que sean citados pueden hacerlo implementando sencillos mecanismos en las webs donde publican.
"Los agregadores de contenidos facilitan la localización y el acceso a determinadas informaciones proporcionando beneficios tanto al usuario como al editor. El usuario encuentra de forma mucho más estructurada informaciones que le interesen de diferentes fuentes mientras que el editor ve aumentadas las visitas a las páginas originales que alojan dicha información", explican en su carta.
Es más, sostienen que las entidades de gestión (encargadas de gestionar el cobro de este canon) actúan en régimen de "monopolio" y sus actuaciones condicionan la competencia. De hecho, apuntan a informes de la Comisión Nacional de la Competencia, "que sugiere el riesgo que suponen el mantenimiento de la tasa de los agregadores debido a su carácter irrenunciable y el régimen de monopolio en el que vienen actuando las entidades de gestión".
Asimismo, rechazan qe durante la tramitación no se haya tenido en cuenta la voz de los internautas ni de los usuarios de Internet y que se le da más poder a la 'Comisión Sinde' o 'de propiedad intelectual' y tenga más atribuciones a la hora de cerrar una página web.