El accidente del Prestige frente a las costas gallegas, el 13 de noviembre de 2002, afectó a 2.600 kilómetros de uno de los tramos más ricos, diversos y productivos del litoral. Hoy en día se desconoce aún el alcance del impacto de la marea negra ocasionada por el accidente.
En todo este tiempo no se ha elaborado ningún estudio integral de la caracterización, evaluación y cuantificación de todos los impactos de la marea negra.
"La mala gestión de la catástrofe ambiental realizada desde el primer momento ha continuado en el tiempo, impidiendo aprender las lecciones necesarias para que no se repita la misma historia", ha declarado María José Caballero, responsable de Campañas de Greenpeace.
La organización considera que son tres las principales causas de la mala gestión: en primer lugar la decisión de alejar el buque magnificó la catástrofe ambiental. Por otro lado, el hecho de que la información ofrecida por las distintas administraciones fue escasa y, en ocasiones, falsa.
Y por último, la insuficiente valoración de la dimensión medioambiental del siniestro agrandó su impacto. A esto se suma que la industria petrolera aprovecha los recursos naturales pero no se hace cargo de su responsabilidad con las consecuencias derivadas de su actividad económica.
Los contaminantes vertidos al mar e incorporados a la cadena trófica afectaron a los recursos vivos vitales para el sector pesquero. Tuvo implicaciones inmediatas, tanto desde el punto de vista biológico, como desde el socioeconómico, con efectos para el conjunto de la sociedad gallega a corto, medio y largo plazo que se extendieron por toda la cornisa cantábrica hasta el sur de Francia.
Aunque tampoco se han evaluado de manera exhaustiva, el accidente ocasionó efectos negativos sobre la salud. Algunos de los estudios han confirmado los riesgos para la salud de aquellas personas que se enfrentaron al vertido de fuel sin las medidas de protección adecuadas y sin las recomendaciones precisas.
El Prestige también puso en evidencia las enormes deficiencias de la legislación y del régimen de responsabilidad en el transporte marítimo. El juicio no solucionó las carencias detectadas. La sentencia del caso se convirtió en una carta blanca a la industria petrolera para poner en riesgo el medio ambiente y a la ciudadanía y concedió a España impunidad con los delitos medioambientales.
Como consecuencia, y a pesar de que hayan pasado 15 años, es solo una cuestión de tiempo la posibilidad de que otro Prestige pueda vuelva a ocurrir porque los elementos que la originaron siguen vigentes y poco ha cambiado desde entonces: la industria petrolera sigue transportando hidrocarburos de forma insegura, ya que ahorrar costes es la máxima que rige todas sus decisiones.