Según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias, el objetivo de estas enmiendas comunes que cada grupo presenta por separado es dar sustento a las demandas del colectivo científico representadas en la 'Carta por la Ciencia' y con el compromiso de que, si el PP las rechaza en esta legislatura, las pondrán en marcha en cuanto haya un cambio en la mayoría parlamentaria de la Cámara.
La Carta Abierta por la Ciencia española es un documento consensuado por la Confederación de Sociedades Científicas de España, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la plataforma Investigación Digna, la Federación de Jóvenes Investigadores, CCOO y UGT. Ha sido entregada al presidente del Gobierno Español, a los miembros del Congreso y del Senado y a los presidentes de las comunidades autónomas.
SUPRIMIR LA TASA DEL 10%
Entre las cerca de doce enmiendas al articulado que se han negociado, se plantea la supresión del tope del 10 por ciento de reposición de personal investigador establecida en la actualidad. Igualmente, se insta a la inmediata creación de la Agencia Estatal de Investigación, cuya puesta en marcha está pendiente desde 2011.
A su vez, proponen incrementar las partidas destinadas al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en cinco millones más, así como la actividad empresarial del CDTI.
Al mismo tiempo, se propone reforzar las partidas destinadas a varios organismos públicos de investigación como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), al Centro de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas (CIEMAT), al Instituto español de oceanografía (IEO), al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
COMPROMISO PARLAMENTARIO
El acuerdo entre los grupos de la oposición parlamentaria podría ir más allá y están barajando suscribir un 'documento-acuerdo' en el que comprometerse a llevar a cabo e incrementar estas partidas en cuanto cambie la mayoría parlamentaria, igual que ha sucedido en esta legislatura con la tramitación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), donde la mayor parte de los grupos de la oposición se han comprometido a través de un acuerdo a derogar la normativa en cuanto cambie la mayoría en el Parlamento.
En el texto que están estudiando consensuar se comprometerían a promover las iniciativas parlamentarias a su alcance para recuperar en tres años los niveles de inversión en I+D+i civil de 2009.
Como primera medida, trabajarían juntos en el trámite parlamentario del proyecto de Presupuestos Generales del Estado con el fin de lograr una mejora sustantiva de los créditos destinados a la investigación en 2014.
"Este compromiso alcanza a otros aspectos regulados por los Presupuestos, en particular a la supresión de los límites de la tasa de reposición en el sector y la creación de la Agencia Estatal de Investigación", sostiene el texto propuesto a los grupos parlamentarios.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró recientemente en el Congreso que los PGE para 2014 iban a dar solución a algunos problemas "que estaban ahí" como la situación del CSIC, la del Instituto de Salud Carlos III y la del CERN.
Eso sí, aunque baje un 4,6 por ciento el Presupuesto, subrayó que las partidas de I+D+i suben un 3,6 para 2014 y sobre todo el I+D+i de la Secretaría de Estado, que gasta el grueso del dinero que se dedica a la materia, y que crece el 10,3 por ciento.
CARTA POR LA CIENCIA
Los miembros de la plataforma de la 'Carta por la Ciencia' han reconocido "el esfuerzo que supone el aumento de 50 millones de euros de transferencias al CSIC y el incremento de 60 millones de euros en las partidas para el pago de las cuotas al CERN y otros organismos internacionales", en los PGE para 2014.
De hecho, han recordado que "a mediados de 2013 el Gobierno tuvo que aprobar una partida presupuestaria extra de 104 millones para poder hacer frente a las acuciantes necesidades del sector" como la quiebra técnica del CSIC o imposibilidad de lanzar las convocatorias del Plan Estatal de Investigación, a las que habría que sumar los 25 millones aprobados en junio y otros 70 millones el pasado viernes en Consejo de Ministros.
A su juicio, de no corregirse de modo sustantivo en el trámite parlamentario, el escenario presupuestario planteado situará a la I+D+i española en una situación económica incluso peor que en 2013, "con una escasez de recursos que remonta casi una década atrás".