La cantante llegó a un acuerdo con la Fiscalía y con la Agencia Tributaria por el que reconoció haber defraudado 508.562 euros al no pagar el IRPF de 2010 --vivía en Barcelona pero figuraba con residencia en Andorra para no tributar en España--, y aceptó pagar una multa de 254.231 euros además de devolver lo defraudado, algo que ya había hecho. El acuerdo incluye seis meses de prisión --aunque previsiblemente no entrará por no tener antecedentes y ser una pena menor de dos años-- y no recibir subvenciones públicas durante año y medio.