Según ha explicado la organización, se han recibido "numerosas quejas" de los usuarios "ante graves situaciones" relacionadas con la reventa de entradas, como los precios "absolutamente exorbitantes". "La reventa es un fenómeno bien conocido en España, aunque la reventa ambulante esté prohibida", ha lamentado.
Entre los ejemplos recientes, la OCU ha recordado los conciertos de Bruce Springsteen en España; donde la promotora del artista denunció en Euskadi, Madrid y Cataluña a las webs revendedoras y anunció su intención de llevar el caso ante la Audiencia Nacional porque consideraba que se provocaba un encarecimiento artificial de las entradas. Otro caso sería el del pasado concierto de los Rolling Stones en Madrid, en el que las entradas en Internet llegaron casi a los 12.000 euros.
En este sentido, ha apuntado que la legislación es antigua y no contempla expresamente la prohibición de la reventa por Internet, situación aprovechada por numerosos sitios web y que es fuente de problemas para los consumidores.
Según sus datos, la lista de sitios de reventa es larga y la mayoría se basan en el extranjero. "En muchas ocasiones estos sitios adquieren un nombre de dominio para dar la impresión a los consumidores de tratarse de un punto oficial de venta, lo que puede llevar a engaño", ha criticado.
Igualmente, recuerda que una práctica habitual consiste en comprar palabras clave en motores de búsqueda con el objetivo de aparecer más alto en los resultados y aumentar así las posibilidades de venta. "El consumidor se encuentra con que paga más dinero y en ocasiones no recibe la entrada en cuestión; en otras ocasiones, los consumidores refieren que se les niega el acceso a la sala de conciertos", ha explicado.
En el texto, las medidas propuestas se acercan a las puestas en marcha en otros países europeos. Entre otras medidas adoptadas, la empresa organizadora del evento debe otorgar su consentimiento expreso para la reventa y el sobreprecio de las entradas no puede superar cierto porcentaje, normalmente no más de un 20%.
Además de medidas similares, OCU trasladará a los partidos políticos la necesidad de prohibir los sitios que no cumplan las garantías mínimas de protección y transparencia para los consumidores, así como la necesidad de una asistencia individualizada a los consumidores afectados.