Cantur, empresa pública dependiente del Gobierno de Cantabria, les acusa de delitos de malversación de caudales públicos, fraude a ente público y delito societario en relación a los acuerdos suscritos en enero de 2011 para la venta del Racing de Santander, entre el Gobierno de Cantabria, Dumviro Ventures, propiedad de Montalvo, y WGA, del magnate indio Ali Syed.
La Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística sostiene en su querella que la operación firmada en Zurich ha causado a la empresa pública la "pérdida irreversible" de seis millones de euros.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJC estima que los hechos y documentos de la querella reflejan indiciariamente que los responsables de Cantur "consintieron en una pérdida, directa e inmediata y aparentemente injustificada, de 1,39 millones de euros y un deterioro patrimonial, indirecto y mediato, de 4,57 millones de euros por la renuncia, tampoco justificada, de unas garantías previas vinculantes".
Actuaciones éstas, añade, que a tenor de la documentación y el relato de los hechos colaterales, "habrían supuesto un beneficio injustificado para terceros".
La sala considera que concurren todos los requisitos legales exigibles para la admisión a trámite de la querella, tanto en términos de admisibilidad como de fundabilidad (análisis de fondo previo al inicio de las diligencias penales).
Señala además que el "minucioso y extenso" relato de hechos de la querella se sustenta sobre una "abundantísima" documentación pública (escrituras, materiales, y copias del diario de sesiones de la comisión de investigación del Parlamento sobre la gestión del anterior Gobierno en Cantur) y privada (contratos y diversa documentación mercantil) de los distintos elementos, nucleares y colaterales, del hecho imputado, lo que concede "verosimilitud" a la querella.
En el auto en el que admite a trámite la querella, la Sala de lo Civil y Penal, que preside el presidente del TSJC, César Tolosa, declara su competencia para la instrucción y enjuiciamiento en su caso de esta causa, que instruirá el magistrado Juan Piqueras (le corresponde por turno), y da traslado al Ministerio Fiscal y a los querellados, que pueden interponer recurso de súplica en el plazo de tres días.
El regionalista Francisco Javier López Marcano, aforado al ostentar la condición de diputado, actuó en el momento de los hechos en calidad de presidente del Consejo de Administración de Cantur, y consejero de Cultura, Turismo y Deporte. La sala puntualiza que su competencia se extiende a la totalidad de las conductoras imputadas a no aforados respecto a las que exista una relación de conexidad objetiva y/o subjetiva para con los hechos imputados al aforado.
En este sentido, recuerda que a los restantes querellados se les imputan los mismos hechos que al aforado, "en concepto de coautores materiales y de cooperadores necesarios, y de haber participado, a título lucrativo, de sus efectos".
En el caso de Marcano, esta querella se suma a la interpuesta por Cantur por las obras de la Casa de los Gorilas de Cabárceno, que está pendiente de la resolución del recurso interpuesto por el dirigente regionalista.