El ministro de Minería Alberto Echazú explicó en conferencia de prensa que el Ejecutivo tomó esta decisión para "que continúe el cronograma de inversiones y el contrato" de la empresa minera, que prevé explotar hierro para exportarlo a Argentina y Brasil.
Los terrenos que el Gobierno pondrá a disposición de la siderúrgica son 171,12 hectáreas ubicados cerca de la localidad de Puerto Suárez, en la frontera entre Bolivia y Brasil, dentro del área del contrato suscrito con la empresa india, explicó Echazú.
El Mutún es una de las minas más grandes de Suramérica con reservas de hierro y de otros minerales calculadas en 40.000 millones de toneladas.
Jindal, que prometió invertir en los próximos 40 años 2.100 millones de dólares en esa mina, tiene un contrato de riesgo compartido con el Estado boliviano desde 2007, pero desde octubre pasado tiene problemas para contar con las tierras necesarias.
El Gobierno de Evo Morales se propuso, según fuentes de la siderúrgica, solucionar los conflictos con campesinos y hacendados sobre la propiedad de 5.500 hectáreas de tierras antes del 15 de enero.
Sin embargo, pocos días antes de esa fecha denunció fraudes en tierras que perjudicaban la puesta en marcha del proyecto minero.
En este sentido, el ministro explicó que su Gobierno ha iniciado la demanda de expropiación de los demás terrenos "para cumplir con el contrato" pactado con la siderúrgica.
Así, el Ejecutivo continuará con el proceso de "saneamiento" de las haciendas, por el que procederá a su expropiación y así facilitar la implementación del proyecto siderúrgico Mutún.
El "saneamiento" consiste en la verificación por parte del Instituto Nacional para la Reforma Agraria (INRA) de la "función económica y social" de las propiedades rurales, además de la legitima titularidad de las tierras por parte de quienes aparecen como sus dueños.
El ministro Echazú explicó que el INRA, una vez concluya el proceso de expropiación, entregará las tierras a Jindal para que "realice las inversiones comprometidas".