Bruselas ha remitido a las autoridades nacionales una carta de emplazamiento, primera fase del procedimiento de infracción, en la que señala los problemas y anima a España a tomar medidas.
Con ello da dos meses de plazo para que el país ofrezca una respuesta satisfactoria a la petición comunitaria. De lo contrario, el Ejecutivo comunitario podrá iniciar una segunda fase del expediente, el envío de un dictamen motivado, último paso antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
España no es el único país que ha incumplido el calendario acordado con el resto de la Unión Europea en este campo, ya que Bruselas ha remitido una carta equivalente a otros veinte Estados miembros.
El Ejecutivo comunitario defiende las nuevas normas como instrumento para hacer "más eficientes" y asegurar reglas "más inteligentes" en la contratación pública, con más opciones para los procedimientos 'on line'.
Los ocho Estados miembros que ya han aplicado en su legislación la nueva norma han logrado gracias a los servicios a través de Internet un ahorro de entre un 5% y un 20%, según datos ofrecidos por la Comisión.