Así lo aseguró hoy el presidente de la patronal CECA, Juan Ramón Quintás, quien señaló que es competencia del Gobierno "remover los obstáculos" que puedan dificultar la "racionalidad empresarial" en las cajas y "obligación de las fuerzas políticas recapacitar".
Si no se evita este tipo de control, advirtió, el sistema de cajas podría correr peligro simplemente "por una pequeña ambición política de peleas en el patio del colegio".
A este respecto, Quintás se refirió al caso concreto de Caja Madrid, que criticó duramente y calificó de "el intervencionismo público más descarado que recuerdo en los 26 años que llevo en el sector".
El presidente de la patronal bancaria consideró que el hecho de que los partidos políticos pueden pactar fuera de los órganos de gobierno de una entidad lo que se va a decidir en ellos supone claramente "la prostitución de un modelo".
En su opinión, más que "lamentable", adjetivo que usó ayer el ministro de Economía, Pedro Solbes, para calificar la situación de Caja Madrid, se trata de un caso "esperpéntico".
Para el presidente de la patronal bancaria esta situación, en la que entidades que durante casi dos siglos han sido autónomas y han tenido soberanía empresarial ahora sufren controles políticos, es "extraordinariamente preocupante".
En el mismo sentido, señaló que, aunque las fusiones pueden ser el "mejor camino para conseguir ciertos objetivos", algunas, como las que siguen criterios políticos, pueden "empeorar a las propias entidades que participan" en ellas.
Quintás distinguió entre dos tipos de fusiones: las que se llevan a cabo para conseguir objetivos que una entidad no podría alcanzar de forma individual y que calificó de "extraordinarias", y las que han realizado algunas comunidades autónomas para conseguir un mejor control de las cajas, que en su opinión son "una aberración".
Matizó, no obstante, que estas consideraciones no suponen una crítica generalizada a todas las comunidades autónomas -ya que algunas como Cataluña nunca han nombrado a ningún órgano de gobierno de las cajas- sino a los casos en los que "parece que la salvación de las cajas pasa por convertirse en apéndices más o menos lustrosos de las administraciones regionales".
Así, Quintás insistió en la necesidad de que los poderes políticos se mantengan al margen del control de las cajas de ahorros españolas y de la gestión de su obra social.
En este sentido, aseguró que muchos de los objetivos de las cajas son similares a los de los organismos públicos, por lo que no le "repugna" que haya una buena coordinación entre ambas siempre y cuando éstos no se aprovechen del "dominio" que les atribuye la legislación española y equivoquen el "papel" de la caja.
Durante el mismo acto, los máximos representantes de varias cajas de ahorro, como Caja Navarra, Caja Cantabria, Caja Canarias y Caja Badajoz, apostaron por llevar a cabo alianzas estratégicas en lugar de fusiones con otras entidades.
Además, reconocieron que la problemática actual de la banca española es la morosidad y la solvencia y no tanto la liquidez, consideraciones que también compartieron directivos de La Caixa, Cajasol, Caixanova y Caja España.
Todas las entidades reconocieron que la morosidad seguirá aumentando y que todavía no se conoce hasta dónde llega el tope, lo que no impedirá que, aunque en menor medida, sigan concediendo crédito "de una forma rigurosa".