En declaraciones a los periodistas, Puig ha detallado que el Ejecutivo catalán también estudiará el impacto de la medida sobre la economía ciudadana y de las empresas catalanas.
Preguntado por los periodistas, ha puntualizado que analizarán si pueden recurrirlo ya sea a través de la vía constitucional, la contencioso administrativa, la mercantil o la de responsabilidad civil, ha dicho.
"Miraremos si es un acuerdo que tiene posibilidades de ser impugnado y ser recurrido para evitar que repercuta en el bolsillo de los ciudadanos", ha remarcado.
Ha reclamado un Estado más eficiente y ha aseverado que el Govern no está "nada de acuerdo con que las cosas mal hechas que hagan el Estado y las grandes empresas acabe pagándolas el usuario".