La creación de la comisión investigadora supone una derrota para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y para el Partido de los Trabajadores (PT), que se oponían a la medida.
El Gobierno había manifestado su rechazo a la creación de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) en el Senado con el argumento de que puede perjudicar la toma de decisiones en una empresa vital para la economía brasileña.
Antes de emprender una gira por Arabia Saudí, China y Turquía, Lula criticó al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) por promover la investigación y dijo que ve en ello una decisión "irresponsable" de esa fuerza política porque "no hay ninguna explicación lógica para esta CPI".
"En este momento en que estamos viajando en busca de recursos para la explotación (del petróleo) del presal, que alguien levante la idea de una CPI contra Petrobras es ser, como mínimo, antipatriota", expresó el presidente.
Las acciones de Petrobras son líderes en el mercado bursátil local y la compañía se prepara para explotar reservas que pueden convertir a Brasil en uno de los mayores productores mundiales de crudo.
Petrobras, que negocia acciones en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, está controlada por el Estado brasileño y muchos gobiernos regionales y municipales dependen financieramente de las regalías de la petrolera.
En un intento de impedir la creación de la Comisión Investigadora, los aliados del Gobierno en el Senado llegaron incluso a suspender la sesión plenaria del jueves para que la oposición no leyera la solicitud de investigación.
Los dirigentes del PSDB, principal fuerza de la oposición, madrugaron hoy y, en una plenaria presidida por un correligionario y en la que solo había un senador oficialista, leyeron la solicitud y declararon formalmente instalada la comisión.
El pedido de investigación fue suscrito por 32 de los 81 miembros del Senado, es decir que cuenta con cinco firmas más que las 27 exigidas por el reglamento del Congreso para instalarla.
El Gobierno, sin embargo, aún tiene plazo hasta la medianoche de hoy para convencer a seis parlamentarios de que retiren sus firmas, lo que dejaría sin sustento la iniciativa y abortaría la creación de la comisión.
Voceros de los partidos oficialistas admitieron que los aliados del Gobierno ya pusieron en marcha una campaña para convencer a varios parlamentarios a retirar esas firmas, lo que, según versiones de prensa, puede tener un alto costo debido a las compensaciones que tendrá que ofrecer a cambio.
El vicepresidente del Senado, Marconi Perillo, dirigente del PSDB y quien presidió la tempranera plenaria de hoy, alegó que el Senado tiene la obligación de investigar cualquier indicio de irregularidad.
Según la oposición, investigaciones de la Policía Federal y del Ministerio Público han mostrado indicios de supuestas irregularidades en la administración de la Petrobras.
Entre las denuncias que serán investigadas figuran supuestas irregularidades en la distribución de regalías a municipios.
Los senadores también pretenden investigar una supuesta maniobra contable de la empresa para evadir cerca de 3.000 millones de reales (unos 1.428,6 millones de dólares) en impuestos.
Otra de las denuncias, que igualmente fue objeto de una investigación de la Policía Federal, es sobre supuestos fraudes en las licitaciones para la reforma de cuatro plataformas marinas de explotación de petróleo.
Los partidos oficialistas alegan que esas denuncias pueden ser aclaradas sin necesidad de una investigación parlamentaria por el presidente de la Petrobras, José Sergio Gabrielli, a quien están dispuestos a convocar al Senado para que se pronuncie sobre las acusaciones.