Tras una reunión extraordinaria celebrada en Bruselas, los ministros de la zona euro hicieron público un comunicado en el que prometieron que la participación de los acreedores privados en caso de insolvencia se decidirá "caso por caso" y con arreglo a la práctica y metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En consecuencia, los tenedores privados de bonos no se verán obligados de forma automática a soportar pérdidas en caso de que un Estado corra el riesgo de suspender pagos.
En rueda de prensa, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, calificó de "muy útil" las aclaraciones formuladas hoy, porque numerosos expertos y analistas consideraban que el castigo de estos días contra la deuda irlandesa, portuguesa y española era consecuencia de la confusión reinante entre los inversores sobre el futuro de sus bonos.
En el origen del actual nerviosismo están las afirmaciones reiteradas de la canciller alemana, Angela Merkel, de que los inversores privados, y no sólo los contribuyentes a través del presupuesto público, deberán soportar en un futuro una parte de la carga en caso de insolvencia de un Estado de la Eurozona.
El acuerdo de hoy vino precedido por "contactos telefónicos" entre los máximos responsables de las instituciones comunitarias (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo), la canciller Merkel y el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
El compromiso despeja el camino hacia la cumbre europea de mediados de diciembre en la que los veintisiete líderes tienen previsto debatir el establecimiento de un mecanismo permanente de rescate, para el que se requerirán cambios en los tratados actuales.
El Eurogrupo aclaró hoy que los préstamos que conceda ese futuro Mecanismo europeo de estabilidad (ESM, en sus siglas en inglés) gozarán de preferencia frente a los acreedores privados, y sólo quedarán subordinados a los préstamos que conceda el FMI, que seguirá siendo el acreedor prioritario.
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, si el país en dificultades es declarado solvente, se pedirá a los acreedores privados que mantengan la exposición a su deuda.
Pero, si finalmente no pudiera hacer frente a sus obligaciones, el Estado afectado negociará con ellos un plan global de reestructuración, en línea con las prácticas del FMI, encaminado a restaurar la sostenibilidad de su deuda.
A fin de facilitar este proceso, y para evitar que esa reestructuración se efectúe de manera distinta según los países, el Eurogrupo ha decidido que en todos los nuevos bonos que se emitan a partir de junio de 2013 se incluyan las llamadas "cláusulas de acción colectiva".
Según Salgado, España ya incorpora esas cláusulas en los bonos que emite en moneda extranjera.
Estas cláusulas permiten que los acreedores acepten, por mayoría cualificada, un cambio en los términos de reembolso de la inversión, mediante un alargamiento, por ejemplo, del plazo de vencimiento, o una reducción del tipo de interés o, en último término, una pérdida de parte del valor nominal.
En ningún caso estos mecanismos se aplicarán a los bonos o deuda pública emitidos por los estados de la Eurozona antes de junio de 2013.
Los Dieciséis pusieron énfasis hoy en que el futuro mecanismo permanente de asistencia se basará en la facilidad temporal creada en mayo, dotada con 440.000 millones de euros, aunque según el presidente del Consejo Ecofin, el belga Didier Reynders, deberá tener una talla mucho mayor.
También subrayaron las estrictas condiciones que, en cualquier caso, llevarán aparejados los préstamos a los estados con problemas de liquidez.