María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que el recurso se interpone porque la ley establece "fórmulas de ponderación" en los órganos de gobierno de Caja Madrid de las corporaciones locales y los impositores "contrario al criterio de proporcionalidad" que establece la ley de órganos rectores de cajas de ahorro (LORCA) de 2003.
La Asamblea General de Caja Madrid rechazó el lunes, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos de la entidad adaptado a la normativa de cajas regional, por lo que ahora el Ejecutivo autonómico puede imponerlos.
La Comunidad de Madrid anunció entonces su intención de promulgar los estatutos y el reglamento electoral de Caja Madrid en el plazo de un mes, pues su rechazo por la asamblea de la entidad habría creado una situación de desacato a la ley, según fuentes de la Consejería de Economía.
Los defensores de la Ley de Cajas señalan que la nueva norma es plenamente homologable a todas las demás leyes autonómicas, que "son constitucionales" y denuncian que el presidente de la entidad, Miguel Blesa, sólo busca perpetuarse en el cargo con su oposición a la norma.
El recurso que el Gobierno presentará el lunes se une a los ya presentados por los ayuntamientos de Madrid y Sevilla.
Reacción del Gobierno regional
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha insistido en que la nueva Ley de Cajas autonómica es "constitucional" y ha asegurado que es el Tribunal Constitucional (TC) el que tiene que decidir si suspender temporalmente la ley.
"El Gobierno ha presentado un recurso porque piensa que la ley es inconstitucional. Nosotros creemos que es constitucional y que es una discusión jurídica que tendrá que decidir el Tribunal Constitucional (TC)", ha señalado Aguirre después de que el Gobierno haya ordenado a la Abogacía del Estado que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid.