La ministra de Fomento, Ana Pastor, tendrá que mediar con un país dispuesto a negociar un sobrecoste del cinco o diez por ciento pero no del 50% que pide el consorcio liderado por Sacyr, alegando subida de impuestos y del precio del acero. 1.200 millones de euros que no estaban previstos, dicen. Si en tres semanas no reciben el pago pararán las obras definitivamente. El gobierno panameño tomó ayer la iniciativa en una reunión del presidente, Ricardo Martinelli con los embajadores de España e Italia. Sacyr ocultó el sobrecoste, apuntándolo en sus cuentas como ya ingresado, a pesar de no tener el visto bueno de Panamá. Sus rivales en el concurso público sospechan que, en su momento, podría haber hecho una oferta por debajo de los costes con la intención de subirla más adelante una vez conseguido el contrato...El ejecutivo español presionó además para conseguir las obras de ampliación, la mayor desde al construcción del canal. Incluso firmó un seguro con Sacyr de 300 millones de euros que ya se verá si cubre la marcha atrás de la empresa española. Mientras tanto, la constructora Sacyr sigue sufriendo en la bolsa el castigo de los inversores. Tras su anunció ha cerrado la semana con una caida del 15%.