Elena Salgado ha anuniado que la reforma legal para poner en marcha el nuevo sistema de financiación llegará proto al Congreso en la Comisión de Economía y Hacienda durante su comparecencia a petición propia para explicar los contenidos del acuerdo de financiación autonómica alcanzado el pasado 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron.
La vicepresidenta ha precisado que, una vez culmine el trámite parlamentario, se convocarán las comisiones mixtas del Gobierno con las comunidades autónomas y se tramitarán los correspondientes proyectos de ley de cesión de tributos de cada autonomía.
El nuevo sistema prevé la cesión de la recaudación del 50 por ciento del IRPF y del IVA, así como del 58 por ciento de los impuestos especiales. Incorpora también tres fondos: el de suficiencia global, que tiene como objeto garantizar la financiación de las competencias; el de competitividad, para reforzar la equidad, y el de cooperación para facilitar la convergencia interregional.
Los recursos adicionales para reforzar el estado de bienestar se distribuirán con criterios "transparentes" y ascenderán a algo más de 11.000 millones de euros, si bien la ministra no ha ofrecido cifras. Ha insistido en que la reforma incluye todas las variables de población que puedan ser relevantes, como la población sanitaria protegida u otras variables no poblacionales, como la superficie, la dispersión, la insularidad o la densidad.
6.000 millones de más
La ministra ha adelantado que las comunidades adeudan 6.000 millones de euros debido a la crisis, consecuencia de la caída de la recaudación, y se ha mostrado convencida que, con el nuevo sistema se reducirá el déficit. El PP opina todo lo contrario. Su portavoz económico, Cristobal Montoro, ha avisado de que en el futuro será necesario reparar el nuevo modelo, que nació "viciado" y es "inoportuno y partidista", porque se diseñó "para facilitar la continuidad del tripartito en Cataluña".
Salgado ha explicado que las comunidades tendrán cuatro años de moratoria para pagar sus deudas.
La vicepresidenta ha indicado que a finales del mes pasado comunicó a las comunidades autónomas las entregas a cuenta del sistema de financiación que les corresponden para 2010 y ha reconocido que la crisis "se ha trasladado inevitablemente a las finanzas públicas". El conjunto de las administraciones públicas disponen de recursos sensiblemente inferiores a los años precedentes.
Salgado ha precisado que la pérdida de estos recursos se ha producido desde 2008, aunque su efecto no se traslada a las comunidades hasta 2010, por lo que esa pérdida de ingresos la está asumiendo en estos momentos el Estado.
Ante la posibilidad de que las comunidades autónomas tuvieran que hacer liquidaciones negativas con el Estado, el nuevo acuerdo de financiación, según Salgado, aporta dos claras mejoras: la posibilidad de anticipar recursos adicionales para 2010 o aplazar el reintegro de esos resultados negativos.
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