El senado aprobó la modificación del texto de real decreto en una ley que se publicará este jueves en el BOE para su inminente entrada en vigor.
La ley, aprobada por 133 votos a favor y 120 en contra, del Partido Popular, retrasa de 52 a 57 años la edad del paso de los controladores a la reserva y garantizará la seguridad, continuidad, eficacia y sostenibilidad del servicio aéreo.
El ministro destacó que es la primera vez que se regulan los servicios de tránsito aéreo en España y que dejará de haber huelgas de celo encubiertas, hasta ahora posibles porque no estaba garantizada por ley la continuidad del servicio.
Blanco agradeció el apoyo de todos los grupos políticos y pidió el también el del PP, aunque los populares, que apoyaron el decreto ley, votaron en contra por considerar que lo que ahora aparece con mayor vigencia es el intento de privatizar Aena.
El PP se mostró en contra de dar entrada a nuevos proveedores en los servicios de control sin conocer el nuevo modelo de Aena, pendiente de una ley que Blanco se comprometió a presentar en la actual legislatura.
Blanco negó que se vaya a privatizar la gestión pública de Aena e insistió en que se va a dar entrada al capital privado en un máximo del 30 por ciento en el accionariado del gestor aeroportuario.
Para Blanco, la nueva ley tiene apoyo social y permitirá una gestión aeroportuaria más eficaz.
El ministro destacó que se abaratarán los costes de navegación aérea en España el 15% en los próximos dos años (el 7% en 2011 y el 7,2% en 2012), lo que supondrá un ahorro anual de 120 millones de euros que repercutirá tanto en las compañías aéreas, en el turismo y en el coste de los billetes.
Las tasas, agregó, se situarán en la media de los cinco países de más tráfico aéreo de Europa.
Blanco explicó que la regulación del tráfico aéreo es también necesaria para poder cumplir con los objetivos del Cielo Único Europeo en 2012.
Explicó que se permitirá la entrada de nuevos proveedores en los servicios de tráfico aéreo ligados al aeropuerto, de acuerdo con las normas, y que las empresas deberán estar certificadas por una autoridad europea de supervisión.
La norma también prevé la posibilidad de implantar servicios e información de vuelo, según las características de cada aeropuerto y bajo los criterios y normas de seguridad establecidas por la OACI y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Con todo ello, el sector de la navegación aérea pasará de un servicio en régimen de monopolio a posibilitar la entrada de nuevos proveedores de servicio europeos, lo que favorecerá la competitividad de los aeropuertos españoles.
Con el nuevo marco, Aena deberá abordar un proceso de adaptación al nuevo régimen jurídico, para lo que el Proyecto de Ley establece un periodo transitorio de 3 años.
El objetivo es que Aena recupere la potestad de dirigir y organizar el servicio público de control aéreo y reducir el déficit estructural causado por unos costes de navegación aérea, que son los más altos de Europa.
La norma asegura la continuidad de la prestación de servicio y además garantiza la viabilidad económica de nuestro sistema de navegación.
Con el nuevo marco regulador, Blanco insistió en que quiere mantener abierta la vía del diálogo social y el acuerdo con los controladores aéreos, que a su juicio son "una pieza básica", y expuso su intención de contar con ellos y "con quienes formaremos para que se incorporen a la profesión".
Avanzó también que el Gobierno ha presentado a los representantes de los trabajadores un proyecto de reglamento en la que se regula el descanso y la actividad de los controladores aéreos, según las prácticas europeas.
La demanda de los controladores, en la Audiencia Nacional
Por otro lado, la Audiencia Nacional celebrará este jueves la vista oral por la demanda de conflicto colectivo presentada por el sindicato mayoritario de los controladores aéreos, USCA, contra la modificación de los condiciones de trabajo de estos profesionales mediante el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el pasado 5 de febrero.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional estudiará así la demanda presentada por USCA, que considera que el contenido del Real Decreto incumple la normativa laboral vigente y vulnera la Constitución Española al atentar contra los derechos fundamentales de los controladores.
"La alteración de las condiciones de trabajo ha provocado la modificación, vulneración e inaplicación de las pactadas y establecidas en el I Convenio Colectivo Profesional de los Controladores Aéreos suscrito entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el citado colectivo" según refleja la demanda presentada.
El Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, supuso la ruptura definitiva de las negociaciones colectivas que estaban bloqueadas desde 2004 y otorgó la organización del trabajo del colectivo directamente a AENA, dependiente del Ministerio de Fomento.
De hecho, en el texto del Decreto, el Gobierno explica que tras 65 reuniones con los controladores aéreos para la firma de un nuevo pacto, había sido totalmente "imposible" alcanzar un acuerdo. USCA agrupa al 95% de los 2.400 controladores en plantilla de AENA..
Por otra parte, la tramitación de esta demanda es la única vía legal que tienen los controladores para conseguir que el Tribunal Constitucional (TC) estudie si el Gobierno vulneró sus derechos fundamentales al imponer sus condiciones de trabajo mediante la aprobación de un Real Decreto.
Los controladores aéreos no pueden acudir al TC directamente porque las asociaciones profesionales carecen de la legitimidad legal para promover recursos de anticonstitucionalidad.
Así, los jueces de lo Social de la Audiencia Nacional estudiarán la demanda por su contenido legal en materia laboral y serán, además, los encargados de determinar si existieron indicios de inconstitucionalidad y, en ese caso, elevar el conflicto ante el TC.
La normativa sólo legitima para su presentación al presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores o a los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas.
El abogado de la Unión Sindical de los Controladores Aéreos (USCA), Miguel Ángel Alcaraz, defendió en declaraciones a Europa Press que al TC "tendrá que llegarle de alguna manera" esta presunta vulneración de la Constitución Española que, en su opinión, "rompe con toda la estructura del edificio jurídico".
"No existe un precedente anterior, es un caso absolutamente novedoso y altamente preocupante que, mediante un Real Decreto, se haya dejado desnudo a todo un colectivo de trabajadores", declaró el abogado del bufete Roca Junyent.