Desde el sindicato consideran que esta decisión reduciría el número de servicios y la calidad de las prestaciones que se ofrecen a los municipios, a la vez que supondría la sustitución de los servicios públicos por otros controlados por empresas privadas o bien por los mismos servicios prestados por otras administraciones públicas, alejando del ciudadano la prestación y el control de dicho servicio.
Para la Sección Sindical de UGT en la DPZ, "ninguna de las opciones es satisfactoria ya que el primero encarecería el actual sistema y con el segundo se perdería eficacia y rapidez".