Así, la asociación ha demandando a un total de 16 entidades, con unos 8 millones de consumidores afectados, según ha explicado en un comunicado, en el que reclama que se indemnice a los perjudicados por el importe total desembolsado.
Los afectados que quieran incorporarse a esta demanda para intentar lograr la anulación de sus cláusulas de gastos hipotecarios y la restitución de las cantidades cobradas por este concepto podrán hacerlo en un periodo de dos meses.
Los gastos de formalización de préstamos hipotecarios reclamados en estas acciones son los correspondientes a la notaría, el registro de la propiedad, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la verificación de la situación registral, la tasación y la gestoría.
Previamente, fueron admitidas a trámite por dos juzgados madrileños otras dos acciones colectivas, una dirigida contra Popular, Bankinter, Banco Pastor y Abanca y otra contra Santander, CaixaBank, Bankia y Sabadell.