Así lo señala el Gobierno en la memoria de impacto normativo del proyecto de ley por el que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Asesor Agrario, que fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
Según el documento, que ya ha sido remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete deberá destinar 984.550 euros de su presupuesto --sin aumentar el gasto público-- a la preparación del censo, las dietas de la Comisión Central, la impresión de las papeletas y la celebración de las elecciones.
CENSO ELECTORAL
Para hacer este cálculo, el Ejecutivo cuenta con que el censo se moverá entre los 373.000 y los 568.000 electores, incluyendo a los trabajadores autónomos de alta en el Régimen Agrario de la Seguridad Social, a quienes reciben ayudas comunitarias, a los que demuestren que el 25% o más de sus ingresos proceden de la actividad agrícola y a las personas jurídicas cuyo objeto social "único y exclusivo" sea esta actividad, siempre y cuando no estén acogidos al régimen fiscal de atribución de rentas y hayan facturado al menos 10.000 euros en uno de los dos ejercicios previos al proceso electoral.
Probablemente será la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal la encargada de realizar el censo, partiendo de datos de la Seguridad Social, si bien deberá verificar con la Agencia Tributaria la veracidad de la información que aporten los agricultores que quieran participar en las elecciones. En total, los gastos estimados para elaborar y depurar el censo se elevan a 120.000 euros, contando con que finalmente se incluyan unas 420.000 personas.
Por su parte, la preparación de las papeletas, los sobres y la documentación para las 300 mesas (una por cada 1.400 votantes) y para Correos costará 147.200 euros mientras que el voto por correo añadirá otros 200.000 euros a la factura. Además, la Comisión Central deberá celebrar unas quince reuniones que, a 18 euros por sesión en concepto de dietas, más el coste de la seguridad y los integrantes de las 300 mesas, completa el gasto total de 984.550 euros.
CANDIDATOS
Con respecto a los candidatos, que se presentarán a una circunscripción única de todo el territorio nacional y bajo el principio de representación proporcional, deberán tener entre sus fines sociales la defensa de los intereses generales de la agricultura, de modo que estén legitimados para formar parte del nuevo Consejo Asesor Agrario, que será interlocutor del Ministerio en los asuntos que afecten a este colectivo.
El Gobierno estima que existen seis potenciales candidaturas, que deberán pagar unos 85 euros por la solicitud de presentación a las elecciones y el certificado, lo que supone unos ingresos de 510 euros por cada procedimiento electoral.
"El motivo de la consulta no es elegir una lista de personas para ocupar los puestos de un órgano ejecutivo, sino determinar la representatividad de las organizaciones agrarias", recuerda el Ministerio. Por ello, las organizaciones que consigan un 15% de los votos válidos a nivel nacional y al menos un 5% e seis comunidades autónomas serán las que propongan un relación de nombres para ocupar los diez puestos del Consejo Agrario. En esas listas deberá haber equilibrio entre hombres y mujeres, sin que ninguno de los dos sexos pueda representar menos del 33% del total.
CESIÓN DE INMUEBLES
Según el proyecto de ley, las organizaciones más representativas podrán obtener, además de ayudas públicas, la cesión "en régimen de propiedad" de inmuebles de la extinta CONCA para el ejercicio de sus funciones "bajo ciertas condiciones, para fines y servicios de interés general agrario y mientras dure el mando de su mayor representatividad". Cuando finalice esa situación, deberán revertir los inmuebles a la Administración General del Estado para que los asigne a las organizaciones que hayan ganado mayor representatividad.
En la memoria, se recogen tres inmuebles --en la calle San Bernardo de Madrid, de 357,86 metros cuadrados, y en la calle Modesto Lafuente, también de la capital, con 129,36 metros cuadrados, y en la calle Agustín de Bethencourt de Madrid, con 5.832,95 metros cuadrados-- que se incluirán en este nuevo sistema de cesiones, con la excepción de una de las plantas del último edificio mencionado, que pasará a integrarse en el Patrimonio del Estado.
Actualmente, estos edificios están ocupados por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), que eran las de mayor implantación a nivel nacional hasta ahora.
Junto con la cesión de estos espacios, el Gobierno también aprovechará para poner fin al funcionamiento del órgano colegiado Comisión Gestora de la extinguida CONCA, que administraba el patrimonio de dicho organismo, incluyendo varios depósitos bancarios por 6,24 millones de euros y una cuenta corriente con 100.000 euros para los gastos corrientes de los inmuebles.
PROYECTO NECESARIO
En la memoria, el Gobierno también justifica la oportunidad de esta nueva regulación, recordando que la normativa vigente hasta la fecha, de 2009, incluía dos procedimientos de elección que han resultado "inaplicables", ya que apenas se han convocado dos elecciones desde que se aprobó la ley y se está dando "validez permanente a resultados antiguos de procesos electorales caducados".
"La situación de provisionalidad que se mantiene desde 2005 ha coincidido con cambios muy relevantes en los mercados agrícolas que hace más necesaria que nunca una intervención eficaz con el sector, por lo que resulta imprescindible clarificar cuanto antes la cuestión de la representatividad, con el fin de garantizar el derecho a la participación de los agricultores en los asuntos públicos y mejorar la gobernanza de las políticas agroalimentarias", añade el texto.