En una conferencia sobre la situación económica, Almunia hizo hincapié en que la incertidumbre sobre la situación exacta de cada entidad y el peso de los activos problemáticos en sus balances está dificultando la recuperación de la confianza y provocando que se reduzca el flujo de crédito a la economía real.
"Si las familias tienen dificultades para conseguir préstamos, la demanda cae; si las empresas no logran financiación, la inversión cae; esto provoca más desempleo y caída del crecimiento", explicó el comisario.
Insistió, por eso, en que "tenemos que actuar con decisión" para resolver el problema de los activos dañados.
Almunia recordó que, según las orientaciones establecidas por la Comisión Europea, los gobiernos pueden optar entre el modelo del llamado "banco malo" -en el que se agruparían los activos que están creando dificultades, sea uno para cada entidad o uno para todo el sector financiero de un país- o por ofrecer garantías públicas sobre esos activos.
"Y en algunos casos los gobiernos pueden incluso concluir que la nacionalización es la única solución viable", añadió.
Precisó que, sea cuál sea el mecanismo escogido, hay que fijar criterios estrictos para la evaluación de los activos y sobre cuáles son susceptibles de segregación, así como poner condiciones rigurosas a las entidades para garantizar el uso más eficiente del dinero de los contribuyentes.
En su intervención, Almunia también se refirió a las medidas adoptadas por los Veintisiete para impulsar la actividad y, frente a los críticos que dicen que Europa no está haciendo lo suficiente, reseñó que el esfuerzo fiscal entre 2009 y 2010 equivale al 3,3 por ciento del PIB comunitario.
"Ahora hay que concentrarse en aplicarlo de manera efectiva", subrayó.
También dejó claro que, pese a la crisis, las reglas sobre la estabilidad presupuestaria siguen vigentes, aunque aseguró que la Comisión Europea será flexible a la hora de fijar plazos para el ajuste a los países que, como España, vulneren los límites de déficit público.
"Se tendrán en cuenta todos los factores, incluido el efecto de la crisis en el presupuesto y las iniciativas coyunturales adoptadas", agregó.
Almunia recordó, por último, que los países tienen la obligación de tomar medidas para mitigar al máximo el impacto de la crisis en los ciudadanos y especialmente en el empleo.
"Esta crisis es económica y financiera pero tiene el potencial de convertirse en una crisis social si no actuamos rápidamente", advirtió.
Reconoció que los gobiernos ya han empezado a hacer cosas en este ámbito, pero señaló que hace falta redoblar los esfuerzos para reducir el coste social de la desaceleración.
En cuanto a la próxima reunión del G20 en Londres, el comisario insistió en que es necesario lograr un compromiso global para la reforma del sistema de regulación financiera y la mejora del modelo de supervisión.
Abogó por reformar el Fondo Monetario Internacional y darle más competencias de supervisión, así como por coordinar con las demás áreas económicas las medidas de impulso fiscal y conjurarse contra el proteccionismo.