Así ha reaccionado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, a preguntas de los medios tras un encuentro con el secretario regional de CCOO, José Luis Gil, después de que este martes la Audiencia Nacional condenara a Hernández Moltó y a Ortega por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de la entidad, a la pena de dos años de cárcel y a otra de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de sus condenas.
No obstante el titular de Hacienda, que ha manifestado que no ha leído la sentencia, ha señalado que la respeta totalmente "porque se ha castigado una mala gestión" aunque ha puntualizado que pone de manifiesto que "no ha habido administración fraudulenta".
"Esta sentencia, que creo que no es firme, la acato en el sentido de que pone de manifiesto que fueron decisiones que no fueron adecuadas desde el punto de vista de la gestión pero me quedo, con la que está cayendo con algo muy importante, con que ninguno de los dos se ha llevado dinero, por lo tanto es lo que marca la diferencia con respecto a otras crisis de entidades financieras que ha habido en España", ha aseverado.
SOLO A LA GESTIÓN
De su parte, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando ha expresado su máximo respeto a la justicia y a cualquier recurso que puedan hacer las partes tras el juicio, considerando que ha quedado claro que es una asunto que "afecta exclusivamente a la gestión de la caja".
Así lo ha indicado en el transcurso de la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, donde Hernando ha añadido que ningún dirigente regional, pasado o actual, "se ha visto afectado en el proceso ni siquiera en condición de testigo".
Finalmente, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido manifestar que todas las decisiones que se tomaron en la extinta CCM se llevaron a cabo "por unanimidad" en sus órganos de dirección como eran el Consejo de Administración o la Comisión de Buen Gobierno.