Las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron en el segundo trimestre del año un 1,8% respecto a igual periodo de 2010, mientras que las empresas concursadas crecieron un 19,7% en tasa interanual, situándose en total en 1.771 las familias y empresas en concurso, su segundo nivel más alto desde 2004, año en que comenzó a elaborarse la estadística.
Así, entre abril y junio, el número total de familias y empresas en concurso se elevó un 16,5% en comparación con igual trimestre de 2010 y un 1,8% menos que en el trimestre precedente, superado sólo por trimestre anterior cuando se alcanzaron las 1.803 familias y empresas concursadas.
En concreto, el número de familias declaradas en quiebra en el segundo trimestre ascendió a 277, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un repunte del 10,4% en tasa intertrimestral. De esta forma, vuelve a crecer después de que en el primer trimestre del año registraran una caída del 7%.
Por su parte, las empresas concursadas ascendieron a 1.494 en el segundo trimestre, con un aumento del 19,7% en tasa interanual y una caída del 3,7% respecto al trimestre anterior, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este miércoles.
Según el tipo de concurso, 1.692 fueron voluntarios, un 18,3% más que en el segundo trimestre de 2010, frente a 79 concursos que fueron necesarios, cifra que supone un descenso del 12,2% en tasa interanual y del 13,2% en valores intertrimestrales.
Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios bajaron un 30,3% en tasa interanual, hasta sumar 108, mientras que los abreviados subieron un 21,8% respecto al segundo trimestre de 2010 y sumaron 1.663 procesos.
UNA DE CADA TRES EMPRESAS CONCURSADAS ES DE LA CONSTRUCCIÓN.
Una de cada tres empresas concursadas del segundo trimestre (31,7%) tenían como actividad principal la construcción y la promoción inmobiliaria, mientras que el 18,1% de las sociedades en concurso pertenecía al sector del comercio y el 17% a la industria y energía.
Dentro de las empresas que se declararon en concurso durante el primer trimestre, 245 eran sociedades anónimas, un 30,3% más en tasa interanual y un 15,8% inferior al primer trimestre del año, en tanto que 1.154 eran sociedades limitadas, con un aumento del 19,6% respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior y una caída del 0,1% en tasa intertrimestral.
En cuanto al número de asalariados, el 64% del total de las empresas concursadas se concentró en el segundo trimestre del año en los tramos de uno a 19 asalariados.
El 68,4% de las empresas concursadas se concentraron en el tramo más bajo de volumen de negocio (menos de dos millones de euros) y son primordialmente sociedades de responsabilidad limitada.
Asimismo, el 87,1% de las empresas en concurso en el segundo trimestre del año no pertenece a ningún grupo empresarial. Del resto, el 12,2% pertenece a un grupo español y el 0,7% a un grupo bajo control extranjero.
CATALUÑA, A LA CABEZA DE LOS CONCURSOS.
Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el segundo trimestre, dado que acapararon el 59,4% del total. Cataluña sumó 381 concursos; Comunidad Valenciana, 253; Andalucía, 211 y Madrid, 207.
En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos durante el segundo trimestre del año fueron La Rioja y Extremadura, con diez y 18 procedimientos, respectivamente.
TENDENCIA ALCISTA.
Ante estos datos, el Consejo General de Colegios de Economistas a través del Registro de Economistas Forenses, ha señalado que la tendencia alcista en el número de declaraciones de concursos no parece que vaya a remitir, a la vez que señala que la reforma concursal no ha optado "por un cambio de modelo" homologado con estándares europeos.
Así, para el presidente del registro, Leopoldo Pons, la reforma tiene un marcado carácter "continuista" respecto al anterior modelo, con una carga procesal y formalista que "no es atractiva" para el empresario insolvente, por lo que aboga por apostar por un cambio de modelo en el que la administración concursal juegue un papel determinante.
Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.