Fuentes cercanas al expresidente de la caja madrileña, ya adelantaban la pasada semana que Blesa no podría hacer frente a la fianza y asumiría, por tanto, el embargo de su patrimonio. Precisaron que no tiene capacidad económica suficiente para afrontar el abono. Una situación distinta la que Blesa vivió en mayo de 2013, cuando sí que pudo atender en el plazo de 24 horas una fianza de 2,5 millones de euros que le impuso el juez Elpidio José Silva para eludir su ingreso en prisión.
Los pasos del embargo
Vencido el plazo que Andreu dio a Blesa para el depósito de la fianza, el magistrado empieza ahora por desarrollar una averiguación patrimonial y requerirá al Registro de Bienes Muebles, al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad, a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria un listado sobre sus bienes.
El procedimiento habitual a seguir por los juzgados en caso de embargo es proceder a una averiguación patrimonial, solicitando a los organismos citados la localización de sus bienes con el objeto de elaborar un listado que incluya conceptos como salarios, pisos, vehículos o acciones. Tras ello, se librará un oficio para proceder a su embargo comenzando por aquellos con mayor liquidez, como cuentas y acciones.
En el caso de los pisos, se pedirá una nota simple al Registro de la Propiedad para comprobar si tiene cargas y un perito tasará la vivienda. Si el afectado aporta sus propios peritajes, estos se contrastarán con los ordenados por el juez.
Las fianza, que fue impuesta a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluye tanto la responsabilidad civil que Blesa tendría que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las 'tarjetas B' como la multa del 25 por ciento que establece la ley.
Según fuentes jurídicas, los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas durante el mandato de Miguel Blesa (de 1996 a enero 2010) un total de 12,5 millones, mientras que durante la presidencia de Rato en la caja madrileña (entre enero de 2010 y diciembre de 2011) cargaron un total de 2,6 millones de euros.